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El Tribunal Superior de Bogotá extendió durante un año más la medida de aseguramiento y orden de captura contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, como uno de los protagonistas del escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Esta petición fue sustentada por la fiscal delegada María Cristina Patiño ante el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Fabio David Bernal Suárez.
González era uno de los altos funcionarios del Gobierno Nacional y fue llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de lavado de activos, cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
El ex funcionario se encuentra en la actualidad prófugo de la justicia, tras habérsele otorgado un asilo político por parte del Gobierno de Nicaragua.
“La medida de aseguramiento no se ha podido materializar, puesto que el procesado González Merchán se encuentra prófugo de la justicia, amparado en una solicitud de asilo político que ha impedido su detención y sometimiento para el cumplimiento de la decisión judicial”, indicó la fiscal delegada.
Para la Fiscalía no hay un sustento probatorio en las afirmaciones realizadas por la defensa de Carlos Ramón González sobre una presunta persecución política y un montaje judicial en su contra.
El duro reclamo del Tribunal a Carlos Ramón González
El Tribunal Superior de Bogotá advirtió que el exdirector del Dapre se ha valido a su antojo de maniobras como el asilo político en Nicaragua para evadir la justicia y no responder como protagonista del escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
¿En qué consiste la acusación de la Fiscalía?
Según la fiscal delegada, se estableció que Carlos Ramón González supuestamente se reunió con Olmedo López en septiembre del 2023 en el Palacio de Nariño, y como director del Dapre, le ordenó al entonces director de la UNGRD que se entregaran 70.000 millones de pesos en contratos a Iván Name, expresidente del Senado ($60.000.000) y Andrés Calle, expresidente de la Cámara ($10.000.000) con el propósito de que brindaran su apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el Congreso de la República.
Sin embargo, la Fiscalía evidenció que en atención a la insistente exigencia de recursos por parte de Name y Calle, Carlos Ramón González le dio instrucciones a Olmedo López de entregarles, con el mismo fin, coimas en efectivo por 4.000 millones de pesos a ambos congresistas, hoy capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia.
“Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante el mes de septiembre, usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta dirigida a Name Vázquez a una suma en efectivo de 3 mil millones de pesos y a Calle Aguas una suma de mil millones de pesos, dinero que sería obtenido de recursos provenientes de la contratación de la UNGRD que Olmedo López entregaría”, relató el fiscal Sandoval.
Así mismo, la Fiscalía reveló que Carlos Ramón González presuntamente intervino para que Olmedo López no fuera removido de su cargo como director de la UNGRD, pese a estar suspendido por la Contraloría, lo que se habría constituido en el pago por ayudarlo a gestionar los millonarios sobornos para los expresidentes del Congreso.
La Fiscal del caso aseguró que Carlos Ramón González, era consciente y sabía que desplegar los comportamientos advertidos en el entramado de corrupción de gestión del Riesgo era indebido y por ello, le era exigible no determinar a Olmedo López y Sandra Ortiz para la comisión de actuaciones ilegales.
