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La Fiscalía General de la Nación citó a responder en indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su supuesta responsabilidad cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia en las masacres de El Aro, La Granja, en hechos ocurridos en los años de 1996 y 1997.
Por disposición de la Fiscalía Delegada para este caso la diligencia fue programada para el próximo viernes 24 de julio.
Una vez fue notificado de esta citación, el exmandatario emitió un duro cuestionamiento contra la Fiscalía por fijar esta diligencia de indagatoria sin la respectiva práctica de pruebas y calificó este llamado como “un atropello”.
Así mismo, sostuvo que “Esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine”.
En su momento el expresidente Uribe también señaló en otro trino que la fiscal del caso, "no ha recibido una sola declaración mía (…) De una vez me lleva al proceso para condenarme".
En octubre de 2025, una juez del circuito de Medellín compulsó copias para que la Fiscalía investigue al expresidente Uribe, a su hermano Santiago —condenado en dos instancias por su papel en el grupo paramilitar los Doce Apóstoles— y al general retirado Carlos Alberto Ospina, excomandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
Los testimonios de paramilitares que reactivaron el expediente
Claudia Castro, la jueza, condenó al exsubdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez por haber ordenado en 1999 el secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba. La compulsa le pidió al ente acusadorestablecer si los hermanos Uribe Vélez determinaron los homicidios de los abogados defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña.
La solicitud aterrizó en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que acumuló varias carpetas que por décadas navegaron entre despachos, en parte por el fuero que Uribe adquirió al ser congresista. La decisión que ahora reprocha Uribe es la de abrir una investigación formal el 17 de junio por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambos agravados.
Francisco Enrique Villalba Hernández, un exparamilitar con el alias de 'Cristian Barreto', declaró bajo juramento en 2008 que el entonces gobernador de Antioquia se reunió con comandantes paramilitares e integrantes de la fuerza pública. En el encuentro, dice, se ordenaron los asesinatosde Umaña y Valle.
"Ahí estaban, de las autodefensas,Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, 'Mono Leche', Junior y mi persona, con veintidós hombres que yo tenía al mando", narró Villalba, asesinado tiempo después de su testimonio.
El Aro, La Granja, las masacres y los asesinatos que no prescriben
La reunión habría ocurrido en 1997 en la finca La Marranera, en Yumbo, Valle del Cauca. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy nombrado por el gobierno de Gustavo Petro gestor de paz, confesó lo mismo en una versión libre preso en Estados Unidos en 2009. Álvaro Uribe fue gobernador entre 1995 y 1997.
Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Dos sicarios le dispararon en su oficina en Medellín cuando investigaba las alianzas entre el Estado y el paramilitarismo en las masacres de El Aro, perpetrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 por unos 150 paramilitares, y La Granja, ejecutada en junio de 1996 contra cinco personas, la mayoría líderes sociales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó ambos homicidios como de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier momento.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Fiscalía llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez?
Porque abrió una investigación formal para establecer si tuvo alguna responsabilidad en la masacre de El Aro y en hechos relacionados con el asesinato de los abogados de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza. La actuación se adelanta por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambos agravados.
¿Qué pruebas o testimonios motivaron la reapertura del caso?
La Fiscalía recopiló distintos expedientes y valoró declaraciones de exparamilitares como Francisco Villalba y Salvatore Mancuso, quienes aseguraron que en una reunión ocurrida en 1997 se habrían impartido órdenes relacionadas con los crímenes. Uribe ha negado esas versiones y sostiene que se encontraba en la Universidad de Oxford.
¿Qué relación tienen las masacres de El Aro y La Granja con la investigación?
Los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña denunciaban presuntos vínculos entre agentes estatales y estructuras paramilitares en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia durante la década de 1990. Ambos fueron asesinados posteriormente, y esos homicidios forman parte del contexto que analiza la Fiscalía.
¿Qué implica la indagatoria para Álvaro Uribe y qué sigue en el proceso?
La indagatoria es una diligencia propia de una investigación formal que le permite al expresidente conocer los hechos atribuidos y ejercer su defensa. No supone una condena ni una decisión definitiva, sino una etapa en la que la Fiscalía continúa recopilando y contrastando pruebas antes de resolver si presenta una acusación o archiva el caso.
