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El Juzgado Décimo Penal Municipal ordenó imponer al mandatario Mauricio Salazar y a Diana Cristina Grisales, Secretaria de Desarrollo Social encargada, sanción consistente en cinco días de arresto y multa de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura.
Lo anterior, por vulnerar los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, seguridad social y a la salud de la población vulnerable que se encuentran en el programa de albergues para habitantes de la calledel municipio de Pereira y desacatando un fallo de tutela,
Antes de culminar el año 2023, los beneficiarios del programa de la granja de calle de Pereira presentaron una acción de tutela al considerar que la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Desarrollo Social y Político vulneraron sus derechos fundamentales, luego de ser notificados que solo hasta el 30 de diciembre estaría vigente el contrato.
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Ante este caso, el Juzgado Décimo Penal Municipal falló ordenando a la accionada que en el término máximo e improrrogable de 48 horas, contadas en forma seguidas e ininterrumpidas, a partir de la hora de la notificación el 29 de diciembre, realizar las acciones, gestiones y trámites correspondientes tendientes a atender y asegurar los derechos de la población vulnerable, que se encuentran en el programa de albergues para habitantes de la calle de la Alcaldía de Pereira, correspondiente a la fundación Asociación Ciudad Futuro, por un término de veinte días, hasta el 20 de enero de 2024, para proteger a todas las demás personas que están en las mismas condiciones de igualdad.
El 2 de enero de 2024 se presentó un incidente de desacato, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información aportada por los accionantes, a la fecha la Alcaldía no ha aportado soluciones al problema planteado en la tutela.
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Además, el juzgado compulsó copias de esta decisión, a la Fiscalía General de la Nación, para que se investiguen las conductas penales en las que pudieron incurrir dichos funcionarios.
