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Una alerta por el futuro de cerca de 20 mil recicladores de oficio en Bogotá se conoció durante la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar cómo garantizar la participación de esta población en el nuevo modelo de aseo de la capital.
Las organizaciones de recicladores expusieron ante el magistrado y las entidades de control sus preocupaciones frente a la entrada en vigencia del nuevo marco tarifario, contemplado en la Resolución 1040, que comenzaría a aplicarse el primero de enero del próximo año.
Según explicaron, aunque la regulación establece nuevas condiciones para reconocer y remunerar la actividad de aprovechamiento, también contempla obligaciones administrativas y financieras que, advierten, podrían poner en dificultades a las organizaciones de base.
Riesgo para la sostenibilidad de las organizaciones
Ingrid Marín, representante legal de Fecosu, una organización de segundo nivel de la localidad de Suba, aseguró que durante la audiencia lograron exponer los riesgos que identifican en la regulación, especialmente por la incorporación de las llamadas toneladas reguladas.
De acuerdo con su denuncia, este componente no habría sido incluido en la etapa de consulta ciudadana y terminó incorporado en el documento definitivo, una situación que, según señaló, debe ser revisada.
La preocupación es que estas toneladas afectarían los recursos económicos que reciben las organizaciones y que son necesarios para cumplir con las obligaciones que tienen con los recicladores.
La vocera explicó que de esos ingresos dependen compromisos como los aportes a protección social, los Beneficios Económicos Periódicos, conocidos como BEPS, la responsabilidad laboral y la transición de los vehículos utilizados para desarrollar la actividad de reciclaje.
En otras palabras, advierten que si no cuentan con los recursos suficientes para responder por estas obligaciones, será cada vez más difícil garantizar las condiciones y los beneficios que deben recibir los recicladores de oficio.
20 mil recicladores en la incertidumbre
La dimensión de esta preocupación es considerable. Según Ingrid Marín, en Bogotá existen aproximadamente 338 organizaciones de recicladores y cerca de 20 mil personas que se dedican a esta actividad.
Todos ellos estarían pendientes de lo que ocurra con la implementación del nuevo marco tarifario, pues consideran que podría comprometer su mínimo vital y la continuidad de las organizaciones que los representan.
La vocera explicó que, aunque la Resolución 1040 contempla una remuneración mínima de 130 mil pesos por tonelada, la incorporación de las toneladas reguladas podría impedir que los recicladores reciban efectivamente esa tarifa mínima.
A esto se suman las nuevas cargas administrativas y financieras que tendrían que asumir las organizaciones para cumplir con las disposiciones de la regulación.
Por eso, insisten en que no se trata solamente de una discusión técnica sobre tarifas, sino de las condiciones económicas que permiten que miles de familias dependan de esta actividad.
Piden revisar las irregularidades del marco tarifario
Durante la audiencia, las organizaciones también solicitaron que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, revise de manera detallada el procedimiento mediante el cual se expidió el nuevo marco tarifario.
Marín señaló que existen cuestionamientos sobre la incorporación de algunos aspectos que, según su versión, no habrían pasado por el proceso de consulta ciudadana.
También mencionó los pronunciamientos de la Procuraduría sobre presuntas irregularidades en el procedimiento de aprobación y pidió que se revisen estas actuaciones antes de que la regulación entre en vigencia.
La representante de los recicladores aseguró que algunas entidades subestiman la capacidad de comprensión de esta población frente a las disposiciones técnicas, pero afirmó que las organizaciones se han asesorado para entender los documentos y defender sus derechos.
Corte ordena mesa de trabajo
Al término de la audiencia, las organizaciones manifestaron que sintieron que sus preocupaciones fueron escuchadas por el magistrado.
Sumado a eso, hubo una decisión importante: según informó Ingrid Marín, el magistrado ordenó a la CRA y a varias entidades establecer una mesa de trabajo para revisar los aspectos más sensibles del nuevo marco tarifario.
Este encuentro se realizaría dentro de una o dos semanas y permitiría discutir las inquietudes relacionadas con las toneladas reguladas, las obligaciones financieras y las garantías para las organizaciones de recicladores.
La vocera insistió en que esperan que este espacio permita aclarar las condiciones de la regulación y evitar que su implementación termine afectando a quienes dependen del reciclaje para sobrevivir.
Por ahora, el llamado de las organizaciones es a que se revise el marco tarifario antes de su entrada en vigencia, prevista para el primero de enero, y que se garantice que el nuevo modelo de aseo no termine debilitando a una población que cumple un papel fundamental en el aprovechamiento de residuos en Bogotá.
