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La abogada Natalia Bernal logró que la Corte Constitucional aceptara una nueva demanda contra la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue despenalizada por el alto tribunal hasta la semana 24 de gestación.
Bernal le solicitó a la corte un pronunciamiento por los temas que no se tocaron en sentencias pasadas y que tienen que ver con la presunta responsabilidad penal que tendrían los terceros (médicos) que lo practiquen o promuevan.
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Los argumentos de la abogada ya no se centran en cuestionar la vida del feto, sino que van más allá sobre la protección de los bebés que están por nacer desde la semana 22 a la 37 de gestación.
“La Corte no se ha referido a “la exclusión de la pena, ni la exoneración del delito para los sujetos activos de la conducta punible IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), los cuales son la persona que realiza el procedimiento abortivo, quien colabore en su práctica y quien la promueva”, se lee en el texto de la demanda.
Según la abogada, esas conductas punibles son el parto preterintencional, las lesiones provocadas al feto, el aborto forzado en persona protegida y el aborto forzado en niña menor de 14 años que, según la demanda, “no están en capacidad de manifestar libremente su consentimiento” a abortar.
“Con la despenalización total del aborto, es más fácil (sic) para los padres obligar a la niña a abortar porque ya no existen barreras ni regulación prevista al respecto. NO se discutió (sic) este tema por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C055 de 2022”, dice la abogada.
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Bernal no dejó de lado los cuestionamientos sobre el fallo que despenalizó totalmente el aborto a la semana 24 de gestación y reiteró que busca demostrar que el aborto es una práctica que “atenta contra la vida, la salud, la dignidad, la integridad personal del hijo por nacer y de la madre gestante”.
“Graves riesgos que se derivan de procedimientos abortivos que se realicen desde el segundo trimestre de gestación tanto para la madre como el ser que está por nacer (…) la Sentencia C-055 de 2022, “agredió” a la “población indefensa prematura”, dado que los puso en “peligro de muerte y en peligro de sufrir lesiones irreversibles desde la semana 22 hasta la semana 24 de gestación”, se lee en la demanda.
