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Por medio de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre las empresas de vigilancia y seguridad privada que han sido objeto de investigaciones y decisiones administrativas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
El jefe de Estado confirmó este jueves que a algunas de estas empresas se les han cancelado las licencias por presuntas irregularidades en el control de armas.
“Maximus tiene la licencia cancelada. Para Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme. OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida y su cancelación está en trámite”, escribió el mandatario.
Asimismo, advirtió que las compañías del sector de seguridad no pueden ser usadas como fachada de organizaciones criminales, razón por la cual impartió órdenes al nuevo superintendente para intensificar los controles.
Las empresas investigadas
Desde hace varios meses, la Supervigilancia tiene bajo la lupa a varias empresas de seguridad, algunas de ellas con sede en Barranquilla.
La Superintendencia ya había anunciado la suspensión de 31 licencias de funcionamiento de empresas que presuntamente estarían infiltradas por estructuras criminales. Entre las empresas investigadas se encuentran OL Security Group Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention, Maximus Seguridad Privada Ltda., Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Águila de Oro de Colombia Ltda. y JM Security Ltda.
“La Supervigilancia avanza contra empresas investigadas por conexiones con Los Costeños, el Clan Vega Daza e irregularidades en el control de armas”, dijo el presidente.
El caso de Atenas
Atenas Seguridad Privada Ltda., con operaciones en Barranquilla, afronta un complejo proceso administrativo ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La compañía es investigada por presuntas irregularidades en el manejo de armamento y posibles vínculos con organizaciones criminales como Los Costeños y el Clan Vega Daza.
Aunque inicialmente se ordenó cancelar su licencia de funcionamiento, la empresa presentó un recurso de reposición que fue resuelto a su favor el 24 de julio de 2026. En esa decisión, la Supervigilancia consideró que las faltas identificadas no tenían la gravedad suficiente para mantener la revocatoria, por lo que le permitió continuar operando.
Sin embargo, el 1 de octubre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella informó que Atenas estaba incluida entre las empresas con nuevas decisiones de cancelación, todavía pendientes de quedar en firme. Paralelamente, las autoridades adelantan actuaciones para establecer el paradero de las armas faltantes y determinar las eventuales responsabilidades legales o administrativas.
"¡Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes! Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea", señaló el presidente.
Y complementó: “Vamos a ir departamento por departamento, rincón por rincón de la patria, acabando con las fachadas de los delincuentes. Voy por todos”.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué empresas de vigilancia tienen licencias canceladas o suspendidas?
Maximus tiene la licencia cancelada; Blink, Lost Prevention y Atenas enfrentan decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme. OL Security Group–Servisecurity continúa suspendida y su cancelación está en trámite.
¿Por qué la Supervigilancia investiga a empresas de seguridad privada?
Las investigaciones se relacionan con presuntas fallas en el control de armas y posibles conexiones con estructuras criminales. La Supervigilancia había suspendido 31 licencias de funcionamiento por estos hechos.
¿Qué sucede con la licencia de Atenas Seguridad Privada?
Atenas logró revertir una cancelación inicial mediante un recurso resuelto en julio de 2026. Sin embargo, el Gobierno anunció el 1 de octubre una nueva decisión de cancelación que todavía no está en firme.
¿Qué pasará con las armas faltantes de las empresas de vigilancia investigadas?
Las autoridades adelantan actuaciones para establecer dónde están las armas faltantes. También buscan determinar posibles responsabilidades legales o administrativas relacionadas con su manejo.
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