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Un juez de control de garantías de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a la exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Establecimientos Carcelarios (Uspec), María Cristina Palau en el marco del proceso penal que se le adelanta por las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración de millonarios contratos.
Palau, quien es procesada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito, habría ordenado la celebración de contratos para la remodelación de las cárceles de Cómbita (Boyacá) y de Pereira (Risaralda).
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Sin embargo, en la celebración de estos mediante el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) se habrían presentado graves irregularidades y casos de corrupción.
La investigación surgió tras la denuncia presentada en mayo de 2017 por un contratista ante el Ministerio de Justicia. En la acción señaló que la entonces directora de la Uspec le había pedido tres mil millones de pesos con el fin de beneficiarlo con la adjudicación del contrato para remodelar las dos cárceles.
En una reunión celebrada en un hotel en el occidente de Bogotá, a muy pocos metros del búnker de la Fiscalía, el contratista le entregó a la funcionaria 600 millones de pesos como parte del anticipo para recibir el contrato.
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Sin embargo, el contrato nunca le fue adjudicado. Al reclamarle a Palau por la situación, esta le manifestó que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, (Fonade) estaba revisando dicha contratación.
En la denuncia indicó que nunca le devolvieron el dinero entregado como anticipo de la exigencia económica, situación que lo motivó a poner el caso en conocimiento de las autoridades.
El juez del caso igualmente ordenó enviar a la cárcel a Héctor Julio Álvarez Rivero, exdirector de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura. En la diligencia le otorgó detención domiciliaria a Juan Carlos Montoya Montayés, Hugo Bula Mercado y Marcela Alies Fuentes.
