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El Tribunal Superior de Bogotá acogió la petición de la Fiscalía y la Procuraduría y dictó medida de aseguramiento contra el gobernador (suspendido) de San Andrés, Ronald Housni y la exgobernadora del archipiélago, Aury Guerrero Bowie, sindicados de actos de corrupción en millonarios contratos.
Por disposición del Tribunal, Ronald Housni deberá ser recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Picota y Aury Guerrero Bowie a la cárcel el Buen Pastor en Bogotá.
Para el fiscal delegado ante la Corte, Jaime Camacho, esta medida es necesaria para evitar que exista una posible obstrucción a la justicia.
Según la Fiscalía, en los últimos siete años estas personas presuntamente saquearon las finanzas del departamento de San Andrés y se apropiaron a través de hechos de corrupción relacionados con contratos de aproximadamente 11 mil millones de pesos.
La Fiscalía encontró presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por alrededor de 120 mil millones de pesos que habrían sido entregados a los mismos constructores que, a cambio de coimas, también se quedaron con las obras de valorización en Armenia.
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Entre los contratos adjudicados sobresale la construcción del ‘Centro de Educación Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos, que serviría a la población estudiantil del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Sin embargo, el contrato suscrito el 23 de diciembre de 2014, por un valor de 50 mil millones de pesos debía entregarse a la comunidad en diciembre de 2015 y hoy, cuatro años después, las obras no alcanzan el 50% de su ejecución.
Entre tanto, la procuradora delgada respaldó la petición de la Fiscalía para que los dos implicados sean enviados a la cárcel.
“Un caso sumamente sensible, porque la sociedad se vio afectada al suponer que realmente se invertía en la educación del departamento, pero resulta que los dineros iban a parar a las campañas de ustedes dos, y también para quien fue representante a la Cámara, su hermano señor gobernador, es decir, todo va quedando en familia”, dijo la procuradora delegada.
Por su parte, los mandatarios políticos insistieron en declararse inocentes de los delitos imputados por la Fiscalía como son concierto para delinquir, falsificación documento privado, peculado e incumplimiento de contrato.
Junto al gobernador y la exgobernadora, las autoridades capturaron al secretario de Infraestructura de San Andrés, Alejandro Lozano; la exsecretaria de Educación, Edelmira Archibold Hawkings; la jefe de la Oficina Jurídica, Ain Zulema Conolly, la secretaria de Planeación, Tatiana Pérez García: la supervisora de contratos, Elizabeth O'Neill; los contratistas Mauricio José Rodríguez Cotua, Sergui Fabian Lever Whitaker y Luis Alberto Urrego y el ingeniero Juan Diego Alvis.
