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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, ha anunciado la emisión del Decreto Número 044, estableciendo criterios para declarar y delimitar reservas temporales de recursos naturales. Este marco normativo busca proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el desarrollo sostenible en el contexto del ordenamiento minero-ambiental.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia enfrenta un desafío significativo con cerca de 200,000 mineros, de los cuales alrededor del 70% se dedican a la minería ilegal.
La minería de oro, concentrada principalmente en Antioquia, Bolívar, y Chocó, ha llevado a la degradación de más de 100,000 hectáreas, siendo un 65% de estas minas auríferas ilegales, según un estudio de Fedesarrollo.
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En este contexto, las decisiones del presidente Gustavo Petro para abordar la minería ilegal han suscitado interrogantes. En el año 2023 se conoció el 47% de los trabajadores de la minería de oro se encuentran en Antioquia, el 30% en Bolívar y el 19% en Chocó.
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El Decreto, fundamentado en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, reconoce el deber del Estado de preservar el ambiente y conservar áreas de especial importancia ecológica. Asimismo, responde a los principios del desarrollo sostenible, evitando el agotamiento de recursos naturales no renovables y mitigando el deterioro ambiental.
La normativa establece la posibilidad de declarar reservas para organizar servicios públicos, adelantar programas de restauración o conservación, y regular la explotación de recursos naturales. Además, enfatiza en la importancia de la protección de ecosistemas y poblaciones viables de especies.
Este decreto surge en respuesta a la exhortación de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado para fortalecer las acciones de protección ambiental, particularmente en la delimitación de zonas excluidas de la minería. El Gobierno ha sido llamado a adoptar medidas eficaces para la protección del medio ambiente, y este nuevo marco normativo busca cumplir con dichas obligaciones en consonancia con los principios de desarrollo sostenible.
