Víctimas de ‘Jorge 40’ piden revelar a financiadores del paramilitarismo y nexos políticos

Esperan que al menos en la Comisión de la Verdad, hable sobre la violencia armada
Rodrigo Tovar Pupo, Alias 'Jorge 40'
Crédito: Fiscalía General

El vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Atlántico, Miguel Espinosa, víctima directa del ex jefe del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, dijo que es necesario conocer cómo se financiaron los paramilitares en Colombia y qué nexos tenían con la política.

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Dijo también que preocupa que con su llegada resurjan grupos paramilitares.

“Soy hijo de Miguel Antonio Espinoza Rangel, asesinado por los paramilitares el 30 de junio del año 2004, por orden de Rodrigo Tovar pupo alias "Jorge 40" y Edgar Ignacio fierro alias ‘don Antonio’; esperamos que cumpla con los compromisos judiciales que tiene pendientes en el país pero también esperamos que su llegada no contribuya a reactivar proyectos paramilitares”.

Según dijo ese es el principal temor que tienen las víctimas.

Espinosa señaló que es necesario que ‘Jorge 40’ cuente no solo cómo ocurrieron los crímenes bajo su mando sino que también revele cómo se financiaron las Autodefensas Unidas de Colombia.

“Él manifestó en una carta que quería contar la verdad y nosotros como víctimas no solamente esperamos que cuente sobre los delitos que ya se conocen cómo homicidios, desapariciones y desplazamientos entre otros, sino que nos diga quiénes fueron los financiadores del proyecto paramilitar con nombres concretos, si hay empresas que las mencionen, también queremos saber quiénes se beneficiaron del accionar paramilitar, sectores políticos, económicos y sociales”.

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En ese sentido agregó que “necesitamos saber qué influencia o injerencia tuvieron los organismos de inteligencia del Estado, la Fuerza Pública en el accionar paramilitar, también qué sectores de la institucionalidad colombiana propiciaron y permitieron esa participación”.

El líder de Movice en el Atlántico, región sobre la que tuvo influencia el bloque Norte de las (Auc), también dijo que las extradiciones de los excomandantes de los grupos paramilitares impidieron que se conociera la verdad sobre cómo fueron creados y financiados.

“Debemos también manifestar que no estuvimos de acuerdo con las extradiciones qué hizo el gobierno de Álvaro Uribe, no solamente por temas de soberanía nacional sino también porque se hizo pensando en dificultar que dijeran la verdad en los espacios judiciales, de esta forma tenemos más de una década sin avances en este sentido”.

Víctimas

Centenares de crímenes registrados en medio del conflicto, le indilgan a Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’; no obstante, Espinosa advierte que existe un subregistro que es mucho mayor.

“Por parte del bloque Norte hay más de 575 asesinados, esa información se logró a raíz de la incautación del computador de ‘Jorge 40’ pero estoy completamente seguro que hubo muchos más homicidios (…), también hay que tener en cuenta el desplazamiento forzado, no solo en el Atlántico sino también en otros departamentos de la costa Caribe, donde tuvo influencia el bloque Norte”.

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También se consultó al abogado del colectivo José Alvear Restrepo, Sebastián Escobar, quien dijo que los nexos del paramilitarismo con diferentes sectores de la política y las empresas de las regiones del país, deben también revelarse.

“Hay un fenómeno muy importante sobre el que debe contribuir con la verdad y es el de relacionamiento con sectores políticos y empresariales que promovieron el accionar del paramilitarismo en estas regiones del país, en donde este señor Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ puede contribuir sí es su deseo”.

El abogado Escobar, reconoció que existe un obstáculo para que, revele que sucedió en medio de la confrontación armada.

“La principal dificultad que vemos frente a este escenario es que Jorge 40 fue expulsado del proceso de Justicia y Paz, y en este momento su situación jurídica en Colombia, tiene que ver con que cumpla las condenas que le han sido impuestas por la jurisdicción ordinaria, por delitos graves”.


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