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Un tribunal federal condenó este jueves a Omar Ambuila, exfuncionario de aduanas colombiano, a más de 12 años de prisión por aceptar más de un millón de dólares en sobornos como parte de un esquema internacional de lavado de dinero que involucró a un agente corrupto de la DEA y a una red con conexiones en Colombia, Estados Unidos y Europa.
Ambuila, de 64 años, se declaró culpable en el segundo día del juicio, un proceso que amenazaba con exponer fallas sistémicas dentro de agencias federales estadounidenses, entre ellas la DEA, donde más de una docena de agentes han sido disciplinados o removidos silenciosamente por su rol en el escándalo.
El exfuncionario operó por años en el puerto de Buenaventura, uno de los puntos neurálgicos para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Según los fiscales, abusó de su posición de confianza y utilizó su cargo para facilitar operaciones ilícitas, lavar dinero y construir una fortuna que luego intentó disfrazar, incluso haciéndose pasar por exfutbolista para adquirir un Lamborghini en Miami.
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“Esto no se trata de alguien de orígenes humildes que se desvió. Este fue un crimen calculado”, sostuvo el fiscal Joseph Palazzo al justificar la severidad de la pena ante la jueza federal Virginia M. Hernández Covington, quien calificó el caso como un ejemplo "desgarrador" de corrupción pública grave.
Durante el juicio, los fiscales señalaron que Ambuila utilizó más de dos docenas de cuentas bancarias y al menos 30.000 grabaciones de audio para encubrir la procedencia de los fondos. Además, invirtió en propiedades de lujo en Miami y financió un estilo de vida ostentoso para su hija, quien subió a redes sociales imágenes conduciendo un Lamborghini rojo de 330.000 dólares, con bolsos de diseñador y de vacaciones en París.
Ese Lamborghini fue pagado en parte con fondos de una cuenta controlada por Jhon Marín, descrito por el IRS como el sobrino de Diego Marín, alias el “Rey del Contrabando”, un presunto lavador de dinero con vínculos antiguos con la DEA. Marín no ha sido acusado en EE. UU., pero en Colombia existe una solicitud de extradición desde España, donde reside.
Uno de los posibles testigos del juicio era el exagente José Irizarry, actualmente preso por apropiarse de millones de dólares de operaciones encubiertas de la DEA para financiar una década de desenfreno con lujo, viajes y eventos deportivos. Irizarry fue descrito por la defensa de Ambuila como el verdadero cerebro del esquema y la figura que “pervirtió” el futuro del exfuncionario colombiano.
“La codicia nacida de la asociación con un agente corrupto de la DEA destrozó la visión del Sr. Ambuila para su futuro”, argumentó su abogado, Víctor D. Martínez, quien pidió clemencia sin éxito.
Ambuila había rechazado un acuerdo ofrecido por los fiscales que le habría representado una pena de tres años o tiempo cumplido desde su arresto en 2021, a cambio de declararse culpable desde el inicio. Al ser sentenciado, expresó arrepentimiento:
“Me declaré culpable pensando en mi hija y en cómo la impactaría”, dijo. “Pensaba que me darían una sentencia de tiempo cumplido”.
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El caso revela la profundidad de la corrupción en operaciones encubiertas del narcotráfico y deja al descubierto las conexiones entre funcionarios públicos, redes criminales y agentes estadounidenses comprometidos.
