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El fallo del Consejo de Estado que definió la situación del alcalde Jaime Andrés Beltrán ha generado múltiples reacciones en Bucaramanga, tanto de la ciudadanía como de expertos en temas políticos. Beltrán, así las cosas, perdió su investidura por doble militancia.
Jaime Andrés Beltrán fue demandado ante el Consejo de Estado por doble militancia, que se refiere al apoyo a partidos políticos diferentes al que le dio su aval, lo cual está prohibido por la legislación colombiana para quienes ocupan cargos de elección popular.
La demanda argumentó que, al haber participado en actividades políticas de más de un partido durante su campaña, incumplió las normas que regulan la transparencia y la legitimidad en la participación política.
El analista político y director del Observatorio Ciudadano, Julio Acelas, explicó que, de ordenarse nuevas elecciones, el impacto sobre la ciudad no sería grave en términos de gestión pública: “Nos veríamos abocados a un periodo de tres meses. Habría nuevas elecciones y el nuevo alcalde tendría que terminar de desarrollar con su estilo el plan de desarrollo aprobado por el actual alcalde Beltrán”, señaló.
Para Acelas, la clave está en dar continuidad a lo aprobado
“A la estrategia de seguridad del alcalde hay que hacerle una reingeniería, fortalecer más la prevención, vincular más a las comunidades. Necesitamos mucha cultura ciudadana porque vamos camino a ser una ciudad caótica, sin normas en las calles”, afirmó.
El académico también subrayó que esta coyuntura deja una enseñanza para quienes aspiren a cargos de elección popular: “En política se promete todo lo que se quiere, pero en el gobierno solo se hace lo que es posible. Esa debería ser la gran lección para quienes aspiren al cargo”.
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Opiniones divididas en la ciudadanía
Algunos ciudadanos consideran que, de demostrarse irregularidades en su elección, el alcalde debería abandonar el cargo.
“Si el Consejo de Estado falla, que no continúa, pues tendrá sus pruebas, y la verdad seguiría otra persona a cargo, ¿no? Ya doble militancia, eso es un delito que se tiene que castigar y él lo sabe”, aseguró un habitante de Bucaramanga.
Otro ciudadano sobre la decisión aseguró: “Si violó la norma, debe irse. Si no, él tendrá sus abogados que defiendan y lo restituyan el cargo”.
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En las calles de Bucaramanga, la ciudadanía ha expresado opiniones encontradas sobre la gestión de Beltrán.
“Lo bueno, ha combatido la delincuencia, primero que todo, y va de la mano con el gobernador y eso es lo importante. Si lo sacan, de pronto va a haber más delincuencia, pero desfavorece si lo llegan a sacar. Que quede, sería muy bueno. Lo mismo el gobernador. Son los que le han puesto el contrapié al señor Petro”.
Otros, en cambio, critican la falta de avances significativos y la sensación de inseguridad en la ciudad, señalando que, pese a las cámaras de vigilancia y los programas de seguridad, la delincuencia y los casos de violencia siguen presentes.
“La verdad hay mucha inseguridad. Ya no puede uno comer en paz con la familia en algún establecimiento porque tú sacas el celular y ves una moto que se te sube en el andén o va en sentido contrario, y eso da miedo por la familia; no te puedes poner ni un reloj”.
Algunos ciudadanos también comentan que el discurso del alcalde, influenciado por su orientación religiosa, no ha generado cambios concretos en políticas de inclusión y derechos de grupos minoritarios.
“Siento que él ha llevado su discurso dentro de la religión como para que la gente lo siga, pero no está bien porque la religión con la política no se puede mezclar. Siento que no van de la mano”.
La decisión del alto tribunal no solo marca el futuro político de Jaime Andrés Beltrán, sino que también abre un debate ciudadano sobre seguridad y confianza en las instituciones.
