Fachada de la escuela General Santander, tras atentado con carro bomba.
El ELN se atribuyó el atentado que acabó con la vida de 22 cadetes.
AFP
16 Ene 2020 07:35 AM

Tras un año del atentado a la General Santander, así van las investigaciones

La detonación de un carro bomba dejó 23 personas muertas y 80 más heridas.
Mauricio Collazos
Mauricio
Collazos
@CollazosMao
La Fiscalía General de la Nación reveló que al cumplirse un año del atentado con un carro bomba en la escuela de cadetes General Santander, en Bogotá, la justicia ya emitió una primera condena contra uno de los tres capturados por este caso e incautó millonarios bienes a quien es señalado de financiar al frente de la guerrilla del ELN que cometió este acto terrorista.
 
Cabe mencionar que el atentado se registró el 17 de enero de 2019 y dejó un saldo de 23 personas muertas y más de 80 heridas.
 
En desarrollo de este proceso, la Fiscalía General adelanta cinco líneas de investigación coordinadas por la dirección especializada contra el crimen organizado, la Seccional Bogotá, la dirección especializada contra el lavado de activos, la dirección especializada de extinción de dominio y la dirección especializada contra la corrupción.
 
 

Primera condena

En el informe de la Fiscalía, conocido por LA FM, se pudo establecer que por estos hechos ya hay una condena de 6 años de prisión para Álvaro José Mateus Vargas, señalado de pertenecer la estructura financiera del denominado 'Frente de guerra oriental del ELN' y quien sería el propietario de una empresa de lácteos utilizada para lavar activos para ese grupo armado ilegal.
 
“Mateus Vargas (capturado el 20 de mayo pasado) hacía parte del componente financiero del denominado Frente de Guerra Oriental y habría aportado considerables sumas de dinero para la planeación y ejecución del atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía ‘General Francisco de Paula Santander”, señala uno de los apartes del expediente de la Fiscalía.
 
Las pruebas vincularon a alias ‘Quesero’ con los trámites de venta de la camioneta utilizada en el atentado y evidenciarían su  su cercanía con Wilson Arévalo Hernández, alias ‘Chaco’, también capturado y judicializado por su presunta responsabilidad en el traslado del mencionado vehículo desde Arauca, hasta la bodega en el sur de Bogotá donde fue cargado con 80 kilogramos de pentolita.
 
También se estableció que hace 12 años Mateus Vargas habría ingresado a la estructura financiera del ELN y sería uno de los principales testaferros de alias ‘Pablito’, integrante del comando central del ELN.
 
 
Esta condena se produjo tras aceptar los cargos que le fueron imputados por parte de la fiscalía por delitos relacionados con la financiación ilegal a la estructura de la guerrilla del ELN responsable del atentado.

Los otros dos capturados 

El primer capturado por este caso al día siguiente del atentado  y cuyo proceso se encuentra en las audiencias preparatorias del juicio es Ricardo Andrés Carvajal Salgar, acusado de haber pagado el arrendamiento del lugar donde fue escondida y acondicionada la camioneta usada en la acción terrorista.
 
En las diligencias de allanamiento en las que fue capturado Carvajal Salgar, también fueron incautados un celular, un manual del combatiente y varios uniformes.
 
De acuerdo con los investigadores, hay varias interceptaciones telefónicas en las que Carvajal Salgar (quien permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá), reconocería la autoría del atentado.
 

En el escrito de acusación se cita la interceptación telefónica realizada por la plataforma 'Aurora' en la que el hombre sostiene una conversación con una persona identificada con el alias de 'James', (un presunto jefe de una red de microtráfico) comentándole que tiene que esconderse en el barrio Los Laches, tras la explosión del carro bomba.

En la grabación telefónica se destaca un aparte en la que Carvajal señala: “Acá que estoy arriba, Dorado, Los Laches Dorado. Pues no ve que pusimos la bomba en el General Santander y tocó venirnos a encaletarnos”.

En este caso, la Fiscalía lo acusa de ser supuesto autor de los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio, daño en bien ajeno y uso ilegal de material privativo de las Fuerzas Armadas, en calidad de cómplice.

El tercer presunto implicado es Wilson Arévalo Hernández, alias ‘Chaco’ quien fue capturado en la vereda La Primavera, en Arauquita (Arauca) el 29 de enero del año pasado, 12 días después del ataque con carro bomba.

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Las pruebas recolectadas señalan a alias ‘Chaco’ de haber trasladado desde Arauca hasta Bogotá, el vehículo que posteriormente fue cargado con los explosivos.

Según la Fiscalía, alias ‘Chaco’ llevó el campero hasta la bodega alquilada por José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó el carro bomba al centro de estudios policiales.

Aunque alias ‘Chaco’ figuraba como una persona dedicada a la elaboración y comercio de productos lácteos en los últimos años, tuvo movimientos financieros por más de mil millones de pesos que demostrarían que sólo manejaba una fachada para movilizar material y armas para el frente Domingo Laín Sáenz del ELN.

El embargo de bienes

De manera simultánea, la Fiscalía adelanta un proceso de extinción de dominio contra los implicados en este caso, tras haber logrado en una primera fase que se realizó el 2 de septiembre del año pasado,  la ocupación de 20 bienes que habrían servido para auspiciar acciones criminales del ELN, como el atentado a la escuela de cadetes General Santander.

“ Los analistas identificaron incrementos patrimoniales injustificados, ganancias ocasionales, compra y traspasos de inmuebles a precios muy por debajo de los valores comerciales, entre otras maniobras comerciales que nunca fueron reportadas y daban cuenta del flujo de capital ilícito”, señalan los registros de la Fiscalía.

Los bienes afectados fueron 9 inmuebles, 10 vehículos y 1 establecimiento comercial, ubicados en Bogotá y varios municipios de Arauca, los cuales están valorados en más de 12 mil millones de pesos.

Los investigadores establecieron que la empresa de lácteos El Arauqueño S.A.S., servía de fachada para lavar activos ilícitos, mientras que sus vehículos de carga al parecer eran utilizados para transportar clorhidrato de cocaína y dinero a Bogotá, a cambio de armamento, explosivos y material logístico que llevaban a las estructuras del 'frente de guerra oriental del ELN' en Arauca.