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Continúa la polémica por el decreto que emitió el Ministerio de Justicia, que le quita la facultad al Consejo de Estado de conocer las tutelas contra el presidente de la República y deja esa responsabilidad en manos de los jueces del circuito.
Si bien algunas voces indican que dicha medida no sería ilegal y que el Gobierno sí estaría facultado para regular, vía decreto, la manera como deben conocerse estos procesos contra el jefe de Estado, en el Congreso advierten que esto tiene que acabarse.
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Es por esto que después del 20 de julio será radicado un proyecto de ley estatutaria, con el cual se busca regular el reparto de las tutelas contra el presidente.
La iniciativa será impulsada por el Centro Democrático, que considera que el Consejo de Estado y las altas cortes deben quedarse con la facultad de asumir esta responsabilidad sobre el primer mandatario de la nación.
“Quieren sacar un decreto para beneficio único y exclusivamente de Gustavo Petro. Quieren desde el poder del Gobierno Nacional, Desde la Presidencia de la República, amedrentar y arrodillar a la justicia colombiana y no lo vamos a permitir”, dijo el representante Óscar Villamizar.
“Vamos a presentar un proyecto de ley estatutaria para que se regule por fin la tutela. Es cierto que varios presidentes habían hecho cambios en el tema de la tutela, pero ninguno había hecho un cambio buscando el beneficio propio y de su gobierno. No le gusta el Consejo de Estado porque le ha fallado tres tutelas en contra, pues ahora la ley no le va a permitir cambiar eso”, indicó.
Hace más de 30 años los presidentes de la República han podido regular cuál es el tipo de juez encargado de conocer las tutelas en su contra, pero desde el Congreso advierten que dicha regulación debe hacerse a través de una ley estatutaria.
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Incluso, el representante Villamizar afirma que los derechos de petición están regulados por una norma legal y no es posible que las tutelas no tengan el mismo tipo de reglamentación.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal confirmó que interpondrá una demanda en contra del decreto emitido por el Ministerio de Justicia, bajo el argumento de que el mismo es inconstitucional y va en contra de la estructura judicial del país.
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