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El Consejo de Estado declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por la muerte y lesiones ocasionadas por la explosión de un carro bomba en las instalaciones del club El Nogal en Bogotá.
Los hechos fueron cometidos por las Farc con un carro bomba contra el club El Nogal, en el norte de Bogotá, causándole la muerte a 36 personas y heridas a 200 más, el 7 de febrero de 2003.
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La Sala concluyó que la población civil ajena al conflicto no debía ser expuesta por las entidades demandadas, dado que quedó establecida la utilización de las instalaciones del club privado con fines institucionales, pues se adelantaron reuniones de altos funcionarios del Estado, auspiciados por el Ministerio del Interior, y se comprobó la pernoctación de la ministra de Defensa de la época (Marta Lucía Ramírez) en el lugar donde se produjo el ataque.
Según la decisión, hecha pública en un comunicado del Consejo de Estado, los organismos señalados no tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de civiles derivadas de la difícil situación de orden público que se vivía por ese entonces en el país. De acuerdo con Bertha Lucía Fries, líder del grupo de víctimas del atentado a El Nogal, el fallo es claro.
Bertha Lucía Fries, representante de las víctimas del atentado de las Farc al Club El Nogal, fue consultada respecto a qué opinión le merecía que fuera condenado el Estado por crímenes cometidos por las Farc. Según dijo, eso sucedió, de acuerdo con el fallo, por utilizar al Club El Nogal como una segunda sede de Casa de Nariño. "¿Cómo que el Estado fue víctima? Me estoy desayunando. Estábamos en plena época de seguridad democrática, no pongamos cortinas de humo", dijo. "El Estado sabía y no hizo lo que debía hacer. Las Farc han asumido su responsabilidad ya pidieron perdón, el fallo pide que el Estado pida perdón", agregó.
Por su parte, Carlos Antonio Lozada, integrante del partido político Farc, dijo que ellos, como guerrilla responsable de este hecho y ahora colectividad, no están celebrando el fallo, pero no lo consideran contradictorio. "El Consejo de Estado no está condenando por el acto en sí. No se tomaron medidas necesarias. Hay una total coherencia, por contradictorio que parezca", aseguró. Además, dijo, ellos han llevado a cabo tres actos de reconocimiento pidiendo perdón. "No celebramos el fallo, simplemente hay un hecho evidente", sostuvo.
En febrero pasado, el partido político Farc, nacido de la desmovilización de esa antigua guerrilla, ofreció perdón a las víctimas del club El Nogal y se comprometió a contar la verdad ante la justicia. En ese entonces Carlos Antonio Lozada, uno de los líderes de la Farc, leyó un comunicado en nombre de esa organización que lamentaba el ataque.
La Farc, recalcó, no debieron hacer el atentado "más allá de que estuviera motivado en información que señalaba al club como un centro de reuniones para la planificación de operaciones contrainsurgentes, encabezadas por funcionarios gubernamentales y líderes paramilitares". El atentado se produjo cuando dos terroristas introdujeron un vehículo con una bomba en el garaje del club social gracias a la ayuda de un empleado.
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Finalmente, Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dijo que no conoce el fallo en su totalidad, al tiempo que informó que el país está perdiendo 2 billones de pesos anuales por conceptos de estas demandas. La mayor partes de éstas, aseguó, fueron impuestas por hechos relacionados con el conflicto armado.
"Muchas reparaciones no son monetarias. No siempre son reparaciones en dinero. Se pide, por ejemplo, pedir perdón", destacó Vélez, quien dijo estar a la espera de conocer el fallo del Consejo de Estado.
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"El estado de conmoción decretado y la difícil situación de orden público que por esos días se vivía en el país obligaban a las autoridades a extremar medidas para garantizar la seguridad y protección debida a la población civil", dice el fallo del Consejo de Estado.
"Se evidenció, igualmente, la omisión en los deberes de prevención, seguridad y protección en los que incurrieron la Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en tanto se abstuvieron de dar pronto trámite y verificación a la información recibida acerca de la inminencia de un atentado terrorista de gran magnitud en el norte de la capital de la República, a pesar de que fueron señaladas las instalaciones del club como posible blanco de esas intenciones. Se hizo notar, además, la eventual concurrencia del club en dichas omisiones".
Como medidas de reparación integral, satisfacción y no repetición se ordenó la instalación de una obra de arte en las inmediaciones de la zona afectada con el atentado, previo proceso creativo acordado con las víctimas y con el objeto de sensibilizar la exposición de la población civil a acciones violentas, así como la realización de un acto público de desagravio en el que se realice la presentación e inauguración de la misma.
Finalmente, se dispuso el envío de la providencia al Centro Nacional de Memoria Histórica, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad, con el fin de documentar la memoria del país y contribuir a su esclarecimiento.
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