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Los integrantes del Secretariado de las Farc deberán reconocer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los casos de esclavitud y trabajo forzado a los que fueron sometidos como castigo los secuestrados.
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Frente a esto, los comandantes guerrilleros tienen un plazo de diez días hábiles para reconocer ante la Sala de Verdad de la JEP estas conductas que configuran crímenes de lesa humanidad.
La determinación se tomó al aceptar una petición de la Procuraduría General que señala que dentro de la política de secuestro que instauró las Farc se le obligó a los secuestrados a realizar estos trabajos forzados "de manera concurrente" a personas que estaban secuestradas.
Los integrantes del Secretariado que siguen haciendo parte del acuerdo de paz deberán aceptar esta práctica dentro del caso 'Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’.
Para el Ministerio Público existen 70 casos documentados de víctimas de secuestros que fueron obligadas a realizar trabajos forzados, siendo los más afectados por este fenómeno los campesinos y transportadores.
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En su informe, la Procuraduría encontró un patrón de conducta en los relatos de las víctimas, que le permitió evidenciar que muchas personas fueron obligadas a transportar guerrilleros y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo.
Además se documentaron varios casos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común, ejerciendo atributos de propiedad sobre las personas.
La Procuraduría señaló en un comunicado que esta es la primera vez que se imputa este tipo de actos como parte de un patrón generalizado y sistemático de ataques dirigidos en contra de la población civil, cometidos por parte de la guerrilla de las Farc.
