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El Juzgado 45 de control de Garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario al empresario Roberto Prieto por su presunta responsabilidad con actuaciones irregulares relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y supuesto recibo de recursos de la empresa brasileña Odebrecht.
Tras conocer la decisión del juez de enviarlo a la cárcel Modelo, Roberto Prieto pidió no ser recluido en La Picota, pues “por dignidad” no quiere estar “al mismo nivel” de otros implicados en el caso Odebrecht.
Yo no quiero (ser recluido en) la cárcel La Picota por un poquito de dignidad (…) yo sé que no estoy en muy buena posición porque es medida de aseguramiento (…) me pone al mismo nivel de la gente que está en ese centro penitenciario”, dijo Prieto.
De igual forma insistió en negar los señalamientos de la Fiscalía, argumentando que no recibió recursos irregulares de implicados en el proceso Odebrecht.
“(…) Ni la Fiscalía, ni los medios, ni la sociedad me creen que el señor Otto Bula no me dio ni un peso. Yo no me reúno con delincuentes, pero uno sí tiene que tener un poquito de dignidad y prefiero irme a La Modelo”, dijo.
En medio de la delincuencia judicial el juez negó a la defensa de Prieto el beneficio de la detención domiciliaria para su cliente, argumentando que podría influenciar a los testigos del proceso.
Por estos hechos la Fiscalía imputó cargos al exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos como supuesto autor de los delitos de falso testimonio, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de particulares e interés indebido en la celebración de contratos.
“La libertad es una garantía que no tiene carácter de absoluto y puede ser afectada, de tornarse necesario, y evitar la obstrucción procesal, y de demostrarse el peligro frente a la comunidad o garantizar la comparecencia al proceso”, dijo el juez.
En su extensa intervención la Fiscalía no demostró la inferencia razonable de Roberto Prieto en el delito de falso testimonio.
El juez señaló que no se probó que haya mentido en 2017 al afirmar, en declaraciones ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Procuraduría, que Odebrecht no había aportado dinero a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en los años 2010 y 2014.
No obstante, el togado dijo que la Fiscalía sí probó la inferencia razonable de la presunta responsabilidad de Prieto en los otros cuatro delitos imputados.
El juez aseguró que con base en las pruebas aportadas en la audiencia no encuentra evidencia de un incremento por parte de Prieto en 650 millones de pesos, pero sí en un monto que alcanza los $330 millones.
