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Se han cumplido más de diez años del escándalo de corrupción de la Dirección Nacional de Estupefacientes, toda una feria con los bienes incautados a la mafia del que, se dijo, habrían sido beneficiados varios congresistas y en el que se salpicaron a numerosos exfuncionarios y particulares.
Pero una década después del desfalco mediático son pocos los resultados de la lucha anticorrupción estatal y de las investigaciones judiciales anunciadas. En el grupo de aforados que han tenido indagaciones en la Corte Suprema de Justicia no se ha producido ninguna condena. Sólo hay un exfuncionario condenado por este caso: Camilo Bula.
El exfiscal antimafia Camilo Bula fue condenado a 18 años de prisión por peculado, en 2015, debido a que como agente liquidador de la DNE vendió cuatro propiedades del clan narcotraficante Nasser Arana, por aproximadamente 30 mil millones menos de lo que costaban. También fue condenado por la supuesta apropiación de 327 millones de pesos producto de la venta de los mencionados predios: centro comercial Villa Country, Centro Ejecutivo II y Parqueadero Fedco, ubicados en Barranquilla; y Casa Bello Horizonte en Santamarta.
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La FM obtuvo varios documentos oficiales suscritos a finales de abril por Patricia Fonseca, fiscal 60 seccional de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en el que hace un inventario de diez investigaciones que surgieron por la colaboración de Bula con el ente acusador. Entre ellas, destaca las presuntas irregularidades en torno al proceso contra el exdirector del DNE, Carlos Albornoz, y otras actuaciones cuestionables que habrían adoptado magistrados involucrados en escándalos como Gustavo Malo o Demóstenes Camargo. También cuestiona algunas actuaciones de un fiscal que la antecedió. La FM presenta cómo van estás investigaciones
Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes
Aunque Albornoz fue absuelto en agosto del año pasado por dos delitos relacionados con la administración y la venta irregular del predio Granja 32, que perteneció al difunto narcotraficante Guillermo Ortiz Gaitán y que fue comercializado por 1200 millones cuando costaba 3600, la fiscal Fonseca González confirmó que, en otro proceso, Albornoz fue acusado por irregularidades en la venta de los mismos cuatro predios por los que fue condenado Camilo Bula.
Lo acusaron por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, prevaricato y falsedad en documento privado y público. Pero la fiscal cuestiona que, "sin mayor motivación", el fiscal que la antecedió, Ricardo González Escobar, retiró a favor de Albornoz los cargos relacionados con tres predios y le dejó sólo lo concerniente al Villa Country.
También cuestionó que el Juez 37 Penal de Conocimiento de Bogotá vetara varias pruebas periciales importantes, realizadas por el CTI, y que el fiscal que la antecedió no apelará dicha decisión. También sugirió que el juez ha favorecido a la defensa de Albornoz y ha perjudicado el actuar de ella. ( Denuncia la fiscal que el juez la multó con tres salarios mínimos, que hay audiencias en las que no le permite intervenir y que el juez ha amenazado con denunciar su comportamiento ante el fiscal General).
Isabel Cristina Vega y Jorge Urrea Mejía, particulares
Estos particulares, involucrados en la trama de los bienes del clan Nasser Arana, sólo fueron acusados por fraude procesal, pero la Fiscalía ha solicitado incluirles peculado por apropiación pues advierte que hay pruebas que dan "cuenta de la comisión de otros delitos y habría, al parecer, más implicados".
Ellos habrían adquirido irregularmente la finca Cuba y Casablanca, un apartamento en el edificio Parque Rosado y un lote en el barrio El Prado de Barranquilla.
La fiscal 60 seccional contra la corrupción ha solicitado la nulidad de la investigación para que le sean anexados los nuevos delitos. Pero esta solicitud ha sido fallada desfavorablemente en dos ocasiones. La primera, por parte del magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Demóstenes Camargo, denunciado por la persecución contra el sociólogo asesinado por el DAS, Alfredo Correa de Andreis. Y la segunda, por el hoy capturado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, procesado por el 'Cartel de la Toga'.
Plubio Orlando Melo, coordinador y supervisor del grupo de sociedades de la DNE.
Fue acusado por cohecho impropio, la audiencia preparatoria ocurrió en 2018. La Fiscalía ya terminó la presentación de sus pruebas en la etapa del juicio oral. Para el ente acusador, Melo está involucrado en la adjudicación irregular de las sociedades Movilgas Ltda. y Estaciones de Servicio Alvarado y Cía., conformadas por 15 establecimientos de comercio, que provocaron un detrimento por 5 mil millones.
Jorge Iván Velásquez Daza, empresario, dueño de la inmobiliaria Gavel
El empresario del sector inmobiliario, involucrado en este escándalo debido a que su empresa compraba y vendía bienes de la DNE a precios muy inferiores, fue acusado por peculado, cohecho y concierto para delinquir.
En este caso, el acusado también fue favorecido por actuaciones del fiscal saliente Ricardo González Escobar, quién también actuó a favor de Carlos Albornoz. "Desde el año 2018, la que no ha culminado por los reiterados aplazamientos de la defensa (...) sin lograr su culminación y mucho menos dar inicio al juicio oral".
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William Escaf, exrepresentante a la Cámara y representante de la promotora Cosmos; Jorge Donado Sojo, avaluador; y Luis Rafael Hoyos, representante de Araújo y Segovia
Las investigaciones de estos empresarios involucrados en la administración y venta irregular de cuatro bienes del clan Nasser Arana, no se ha movido durante el último año por cuenta de maniobras dilatorias. La fiscal Patricia Fonseca, advierte una vez más, que su antecesor, el fiscal Ricardo González Escobar, cometió algunas imprecisiones al degradar la conducta de los procesados. También cuestionó una omisión de otra fiscal de apoyo, Jenny Díaz.
Leo Eisenband, representante de Inversiones Eliat
La fiscal Patricia Fonseca confirmó que la investigación contra la cabeza de grupo Fedco se encuentra en proceso de indagación.
Esta persona, a través de Inversiones Eliat, compró el centro comercial Villa Country en Barranquilla, por 22 mil millones de pesos menos de lo que costaba. Está citado a audiencia de imputación de cargos para el próximo 27 de junio.
Ludwing Landazabal, comprador del edificio de oficinas Ejecutivo II
Fue acusado como cómplice de peculado por apropiación y cohecho. También fue favorecido por una actuación del fiscal Ricardo González Escobar, quien le suprimió el delito de concierto para delinquir. Compró el edificio Centro Ejecutivo II por 7 mil millones de pesos menos de lo que costaba.
