Proyecto de sometimiento le está apuntando a cosas que no tienen que ver con ‘paz total’: Ángela María Buitrago

La exministra también manifestó que el proyecto que conoció en su primer borrador apunta a medidas que no están relacionadas con la paz total. “El tema de la disminución eventual de otros detenidos no tiene que ver con paz total”, señaló. Añadió que otorgar beneficios a personas condenadas sin justificación constitucional “significa decir que se está favoreciendo un grupo especial”.

Al referirse a las diferencias entre el proyecto actual y el que ella presentó, explicó que su iniciativa proponía que quienes desearan someterse “garanticen en la mesa el no ataque a la población civil”. 

Aclaró que su propuesta fue presentada en marzo, luego de haberla radicado previamente en noviembre, y que fue archivada por el Congreso.

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Sobre la necesidad de una legislación para avanzar en procesos de paz, expresó: “Se necesita una ley de sometimiento y desmantelamiento. No una ley que trate de borrar hechos delictivos”. Insistió en que no se puede desconocer la existencia de delitos cometidos por grupos de alto impacto.

Ante la pregunta sobre si este proyecto estaría relacionado con el llamado Pacto de La Picota, Buitrago respondió que no tiene información para hacer esa afirmación. Sin embargo, cuestionó que se pretendan otorgar beneficios a condenados en primera y segunda instancia, lo que, según dijo, “viola el marco del Código Penal y los parámetros de proporcionalidad”.

También se refirió a la inclusión de casos relacionados con las protestas sociales. Afirmó que la existencia de una normatividad que mezcle la protesta pacífica con delitos graves “es perversa”. Mencionó como ejemplo casos en los que se han impuesto condenas por “delitos de tortura y tentativa de homicidio”, indicando que esas conductas no corresponden a una protesta social.

Finalmente, Buitrago advirtió que el proyecto “está generando beneficios a los condenados” por hechos que ya han sido calificados como delictivos por la jurisdicción ordinaria. En su concepto, al incorporar beneficios a estas personas, el proyecto “está por fuera de la órbita de la Ley 2272”.

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La exministra subrayó que el Estado tiene el deber de garantizar los derechos de todos los colombianos y cuestionó que se propongan medidas que puedan eliminar sanciones ya impuestas por los jueces.