Procuraduría hace llamado al Gobierno para extradición de Mancuso y ‘Jorge 40’

Cifras señalan que solo hay 59 sentencias contra exintegrantes de grupos paramilitares y otras diez se encontrarían en apelación.
Salvatore Mancuso
Salvatore Mancuso enfrenta unas 60 órdenes de aseguramiento en su contra en las salas de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla. Crédito: AFP

La Procuraduría solicitó al Gobierno del presidente Iván Duque adelantar “con la mayor diligencia posible todas las acciones necesarias” para lograr el regreso al país de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

Para el organismo, la presencia de los ex jefes paramilitares es fundamental en los procesos que se adelantan en su contra con el fin de que respondan ante la justicia y a las víctimas del paramilitarismo.

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El Ministerio Público citó cifras del Juzgado Único de Ejecución de Sentencias, las cuales indican que a la fecha solo hay 59 fallos ejecutoriados contra exparamilitares y otros diez se encuentran en apelación.

Así mismo, esas cifras advierten que “el juzgamiento de quienes fueron comandantes de esa estructura ilegal no llega al 10% de los casos atribuibles”.

La Procuraduría señaló que “la comparecencia de Mancuso y Tovar Pupo es necesaria como parte del proceso de reparación del Estado a las víctimas individuales y colectivas del paramilitarismo”.

Rodrigo Tovar fue excluido de la ley de Justicia y Paz en 2015, por lo cual debe responder ante la justicia ordinaria de varios delitos y hechos que atentan el Derecho Internacional Humanitario.

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“El aporte de Mancuso y de alias ‘Jorge 40’ contribuirá a resolver las preguntas que desde hace décadas se formulan las víctimas de esa organización ilegal al margen de la ley”, puntualizó la Procuraduría.

Hace unos días, un grupo de congresistas presentó un proyecto de ley en busca de que los exparamilitares acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

También trascendió que Estados Unidos no deportará por ahora a Mancuso y él podría elevar una solicitud formal de asilo en ese país basándose en la Convención internacional en Contra de la Tortura.


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