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De acuerdo con el documento de la Procuraduría, el entonces alcalde incurrió en varias conductas irregulares en 6 contratos que fueron suscritos en el 2012 con la caja de compensación y que no cumplieron con los objetivos que habían sido estipulados.
Por estos hechos la Procuraduría consideró que el mandatario local adelantó este tipo de contratos "a sabiendas que la entidad contratista no tenía la capacidad, ni la infraestructura, ni la posibilidad real para desarrollar y cumplir las condiciones y obligaciones adquiridas".
De igual forma, la Procuraduría compulsó copias a la Contraloría General y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia para que se investiguen hechos similares que se pudieron haber cometido de acuerdo a las declaraciones del exalcalde.
Para la Procuraduría, la conducta del exalcalde fue calificada como gravísima y grave cometidas a título de culpa gravísima y por lo tanto deberá estar inhabilitado por el término de 11 años para ejercer cargos públicos.
