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Ante los constantes fallos de los jueces sin conocimiento del sistema de salud, que no estarían priorizando las verdaderas necesidades de los pacientes, y por el contrario terminan generando un alto impacto fiscal, desde la Cámara de Representantes, tienen listo el proyecto de ley que pretende crear el Comité Técnico Asesor en Salud para la rama judicial.
El articulado, autoría del congresista de la U, Víctor Manuel Salcedo, establecería asesorar técnica y científicamente al Consejo Superior de la Judicatura en asuntos del sistema de salud, además de emitir conceptos técnicos sobre normatividad del sistema cuando sean solicitados por despachos judiciales y la elaboración de protocolos y guías técnicas para la asesoría judicial en materia de salud.
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“Buscamos una herramienta para los jueces de la República, en 2023, 197.765 tutelas relacionadas con salud, ¿usted se imagina qué sistema de salud aguanta, con jueces fallando temas como el de las muñecas inflables? cuando hay niños esperando tratamientos, cuando hay personas esperando autorizaciones para un tratamiento renal”.
De acuerdo con el representante de la U, la justificación del proyecto se basa en el enorme impacto fiscal que las decisiones judiciales tienen sobre el sistema de salud, especialmente en materia de recobros por tecnologías y servicios no cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud. Según cifras históricas presentadas por el congresista, el costo de estos recobros creció a una tasa anual promedio del 87% entre 2005 y 2010, y llegó a $2,35 billones ese año. Para 2013, la cifra alcanzó $1,69 billones, y en 2014 ascendió a $2,13 billones.
Salcedo explicó que “este crecimiento desbordado en los costos, impulsado en gran parte por fallos judiciales sin el debido soporte técnico, demuestra la necesidad urgente de un órgano asesor para la Rama Judicial. El objetivo es promover la eficiencia del gasto, controlar el impacto fiscal de las decisiones y garantizar fallos informados que protejan tanto el derecho a la salud como la sostenibilidad del sistema”.
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Con estos argumentos, aseguró que la creación del Comité es una urgencia para evitar mayores pérdidas, pues reveló que “$3,9 billones fue el presupuesto por recobros en 2018, es un desorden del sistema de salud, 2,6 veces mayor el gasto de recobros que los recursos disponibles, $15.000 millones perdidos en una sola clínica en tres años por EPS liquidadas”, puntualizó el representante que lidera el proyecto y que busca se convierta en ley de la República en la legislatura que apenas comienza.
