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La Superintendencia Nacional de Salud ordenó, mediante una resolución imponer medida cautelar a Savia Salud EPS por poner en riesgo la vida de sus afiliados, así como el manejo inadecuado de recursos públicos del sistema de salud.
La medida fue adoptada tras una exhaustiva auditoría que reveló un grave incumplimiento en la entrega de medicamentos e insumos médicos, situación que afecta directamente el derecho fundamental a la salud de 61.387 afiliados.
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La resolución establece instrucciones claras y de obligatorio cumplimiento para Savia Salud EPS:
Entrega total de medicamentos pendientes (41.811 insumos) en un plazo de cinco (5) días hábiles. Asistencia a dos mesas de seguimiento virtual con personal técnico de la EPS.
Envío de informes detallados del avance logístico, soportes de entrega y bases de datos nominales.
Auditoría específica por parte de SAC Consulting SAS, para validar la gestión de los tres operadores logísticos implicados.
“Así mismo, se ordena a la EPS asistir de manera virtual, con su equipo de trabajo técnico, a dos (2) mesas de seguimiento que serán citadas por las Direcciones de Inspección y Vigilancia y Medidas Especiales para EPS y EA de la Delegatura de Aseguramiento en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de verificar el avance en la entrega de los insumos y medicamentos pendientes”, indicó la resolución..
Además, se notificó a las Delegadas para Investigaciones Administrativas y Protección al Usuario, con miras al posible inicio de procesos sancionatorios.
La entidad señaló que el detonante fue una auditoría realizada entre mayo y junio de 2025, en la que se evidenciaron 127.280 registros de medicamentos pendientes, de los cuales al menos 99.374 no habían sido entregados al 30 de mayo. Estos estaban bajo la responsabilidad de tres operadores logísticos: Medic Colombia, Todo Drogas y COHAN.
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A pesar de múltiples requerimientos, al 24 de junio aún quedaban 41.811 insumos por entregar, lo que representaba solo un cumplimiento del 67%, porcentaje considerado insuficiente por las autoridades sanitarias.
La Superintendencia ya venía ejerciendo medidas de control sobre la entidad desde hace varios años. Desde 2016 se aplicaron distintas acciones como programas de recuperación, vigilancia especial, limitación de afiliaciones y finalmente, en 2023, la intervención forzosa administrativa, prorrogada hasta junio de 2026.
La resolución está sustentada en múltiples normas del orden nacional, como la Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011, Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de Salud), y el Decreto 1080 de 2021. En especial, se destaca el artículo 125 de la Ley 1438, que faculta a la Superintendencia para actuar cuando la vida de los usuarios esté en riesgo.
La Superintendencia considera que la falta de entrega oportuna de medicamentos constituye una violación directa al derecho a la salud, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional, incluso al considerarlo un derecho autónomo y fundamental.
Según la Supersalud Savia Salud EPS deberá cumplir con lo ordenado de forma inmediata, pues el recurso de reposición que podría interponer no suspende la ejecución de la medida. Si no lo hace, se expone a sanciones administrativas más severas, incluida la revocatoria del permiso de funcionamiento.
Este caso vuelve a poner en evidencia las falencias estructurales de algunas Entidades Promotoras de Salud y la necesidad de vigilancia efectiva sobre el manejo de recursos públicos y la atención al usuario.
La Superintendencia busca con esta decisión proteger la vida, salud e integridad física de miles de afiliados y evitar que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud sean desviados o mal utilizados.
