Corrupción en Colombia
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11 Nov 2020 10:06 PM

Prescribieron los delitos contra tres de los procesados por desfalco de la DNE

La venta irregular del centro comercial Villa Country, que perteneció al narcotráfico, generó millonarias pérdidas al Estado
Jenny
Rocio Angarita
@jennyr2207

El Fiscal Delegado ante los jueces del Circuito Especializado,  anunció al comienzo de la audiencia preparatoria por el desfalco de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que los delitos de cohecho y concierto para delinquir que se les imputaron hace aproximadamente seis años a William Miguel Escaf Escaf, Luis Rafael Hoyos García y Jorge Enrique Donado Sojo, prescribieron.

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Según la investigación, los procesados fueron los encargados del avalúo del centro comercial Villa Country, ubicado en Barranquilla y que en el pasado perteneció al narcotráfico.

De acuerdo con los argumentos de la Fiscalía, ese concepto que dieron sobre el valor del predio generó que fuera vendido a un precio mucho menor al real, por lo que se consideró como un desfalco al Estado a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

La venta se dio hace 11 años (2009) entre la DNE y el empresario Leo Einsenband, uno de los socios fundadores de Fedco, por medio de la empresa de su propiedad Eilat Limitada, de acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía.

El testimonio del exdepositario de la DNE, Camilo Bula quien detalló las irregularidades que se presentaron en la venta del centro comercial Villa Country en la ciudad de Barranquilla, fue clave dentro del proceso.

El establecimiento fue adquirido por 18 mil 362 millones de pesos, un precio mucho menor al real según los peritos. 

Camilo Bula (quien fue condenado a 18 años de prisión por estos hechos de corrupción) aseguró que el empresario compró este exclusivo inmueble a un costo mucho menor del que se había tasado, generando así una afectación en las finanzas de la Nación.

Dentro de la DNE se adelantaron una serie de falsificaciones de los avalúos, actos notariales y registros para beneficiar en la negociación al empresario, según afirmó en su momento Bula. 

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En el 2019, la Fiscalía General logró imputar al empresario los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado, fraude procesal, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares. 

Pese a que ya caducó la investigación por los delitos de cohecho y concierto para delinquir contra los tres procesados, todavía sigue vigente el de peculado por apropiación.