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La denuncia de veintisiete cuerpos calcinados en la frontera con Ecuador atizó las tensiones entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa. Tanto el Ministerio de Defensa como el Instituto de Medicina Legal, la entidad encargada de los análisis médico-forenses en todo el país, empezaron las contrastaciones.
Al menos en el organismo que trabaja con la Fiscalía General de la Nación no hay ningún registro de esa cifra. Medicina Legal ha recibido catorce cuerpos, todos hombres mayores de edad, de Nariño, que ya identificó y entregó. Ninguno tenía más heridas que las quemaduras, y algunos incluso recibieron atención médica antes.
El 22 de enero ocurrió un incendio en Inda Zabaleta, una vereda del municipio de Llorente, en Nariño, a poco más de treinta kilómetros de la frontera con Ecuador. La Policía Judicial inspeccionó el lugar e inicialmente reportó trece personas muertas, pero los trámites posteriores las reagruparon en doce.
Ya el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había contado algo de información preliminar. Las víctimas se encontraban en un laboratorio de procesamiento de cocaína. Las autoridades no hallaron rastros de explosivos ni impactos de proyectiles, lo que el Instituto de Ciencias Forenses confirmó luego de los cotejos.
La FM conoció, además del registro de cuerpos recibidos, que luego del trino de Petro del 17 de marzo el propio ministro Sánchez se comunicó con el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, para precisar los datos. Los reportes de la Seccional Nariño muestran varios ingresos del 23 de enero al primero de febrero en dos incendios.
Los incendios en Nariño que Medicina Legal revisó
“Serán las autoridades judiciales las que confirmen si eso es así o no", señaló Sánchez. “El sitio donde murieron era un laboratorio de cocaína”, añadió, y mencionó que “las causas y quién estuvo detrás de ello aún son materia de investigación”. La orden del presidente Petro al sector defensa es “verificar, confirmar y actualizar”.
Tras la conflagración en Inda Zabaleta, que nada tiene que ver con un artefacto explosivo que las Fuerzas Militares detonaron controladamente esta semana, ocho cuerpos ingresaron a la unidad básica de Medicina Legal en Tumaco, a unos 61 kilómetros de Llorente. Los forenses los identificaron con los números del 019 al 026.
Cinco de los cadáveres estaban “carbonizados” y los otros tres tenían quemaduras en el 90% de la superficie corporal. Algunos casos pudieron ser identificados con dactiloscopia, y otros, con muestras genéticas. El personal médico tomó después muestras de sus familiares. El 24 de enero ingresaron otros dos cuerpos.
El caso 027 tenía asimismo quemaduras en el 90% de su cuerpo, y el 028, “fragmentos carbonizados”. Dos días después, el lunes 26 de enero, a la unidad básica de Pasto, la capital nariñense, ingresó un cuerpo que había recibido atención médica previamente, y el martes Medicina Legal recibió dos cuerpos más.
Una comisión binacional busca bajar el tono
Todos los cuerpos del caso de Llorente eran de sexo masculino. No se registraron menores de edad. Todos fallecieron por quemaduras y calcinados, sin evidencia de otro tipo de lesiones. Mientras los forenses analizaban los cadáveres, el 24 de enero en la vereda El Pital, un poblado del municipio de Mosquera, hubo otro incendio.
Cerca de la costa del Pacífico, dos personas murieron en condiciones similares a Inda Zabaleta. No fallecieron instantáneamente, sino que recibieron atención médica. El 28 de enero entró a la unidad básica de Pasto un cuerpo con quemaduras. El primero de febrero, otro cuerpo. Todos eran hombres, ninguno era menor de edad.
Medicina Legal los identificó y los entregó a sus familiares. El presidente Petro ha mezclado los incidentes con la bomba que un grupo de campesinos encontró en una zona selvática a unos doscientos metros de la frontera con Ecuador, pero los cotejos medicolegales desmienten inapelablemente la hipótesis.
Los catorce cuerpos que el Instituto de Medicina Legal acogió entre la tercera y la quinta semana de 2026 equivalen a la totalidad de socarrados en los límites colomboecuatorianos en lo corrido del año. Las autoridades en Putumayo, el otro departamento fronterizo, no han admitido ningún quemado en el mismo periodo.
Entre tanto, la fuerza pública de Colombia y la de Ecuador acordaron crear una comisión binacional para investigar cómo llegó la bomba que ha provocado tanta animosidad. El equipo verificará las condiciones en el sitio, luego de comprobar que se trata de un artefacto que utilizaron las fuerzas armadas ecuatorianas.
