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La Corte Constitucional suspendió los términos para decidir sobre la demanda que interpuso el excontralor Edgardo Maya, contra la ley de infraestructura que beneficiaría a Odebrecht.
La presidente de la Corte, Gloria Ortiz, confirmó lo que ha explicado RCN Radio/La FM sobre las dificultades que han tenido los magistrados para tomar decisión, debido a la complejidad de la discusión por tratarse de un tema que podría afectar la economía del país.
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“El caso es técnicamente complejo, es una norma especializada desde el punto de vista económico financiero. Hemos tenido dudas desde el punto de vista técnico sobre cómo entender que debería devolver la Nación en términos de costos”, dijo.
El artículo 20 de la ley de infraestructura que estudia la Corte, señala que la Nación estaría obligada a indemnizar a empresas como Odebrecht cuando no se terminen las obras.
“Cuando una autoridad judicial declare la nulidad absoluta del contrato estatal, (...) o cuando (...) ordene su terminación originada en una causal de nulidad absoluta, en la liquidación se deberá reconocer el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos, ejecutados por el contratista, incluyendo los intereses”, señala la norma.
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RCN Radio/La FM había anticipado que la Corte expedirá un auto en el que pedirá a expertos financieros conceptos a profundidad sobre la materia. La magistrada también confirmó esa información.
“Vamos a pedir apoyo de personas que manejen esos temas y es más responsable tomar decisión después de oír a los expertos (...) citaremos a una sesión técnica con la sala plena en términos técnicos con los peritos que vamos a citar para que hagan el mapa financiero económico y expliquen las implicaciones en el tema”, puntualizó.
El debate se ha centrado en dos posturas: por un lado, quienes están con el gobierno anterior, que promovió la ley y la idea de que si se tumba la norma se crearía una crisis económica porque acabaría la inversión extranjera; el otro punto se encuentra en el sentido de que si la norma queda en firme, beneficiaria a las empresas corruptas como es el caso de Odebrecht.
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La segunda postura ha sido apoyada por el procurador Fernando Carrillo, quien le dio un espaldarazo a la demanda de su antiguo mosquero, señalando en el concepto enviado a la Corte, que la norma es contraria a las características de las APP que tienen como objetivo principal proteger los recursos públicos.
Sin embargo, el concepto que envió el gobierno pasado dice que la ley se firmó con el objetivo de darle tranquilidad a los bancos nacionales e internacionales de invertir en proyectos de infraestructura sin que ello les represente pérdida de recursos frente a cualquier eventualidad como el cierre o terminación anticipada del contrato.
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