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La Fiscalía General de la Nación anunció imputación de cargos por omitir las medidas de prevención del desastre natural de Mocoa contra la gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez; al alcalde de la ciudad, José Antonio Castro Meléndez y el exalcalde Elver Porfidio Cerón Chincue.
La Fiscalía señaló que los elementos recopilados hasta el momento evidencian que, pese a las alertas científicas, desde la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Mocoa no fue activado el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ni un sistema de alertas tempranas, que permitiera evitar la tragedia que dejó 336 muertos y más de cien desaparecidos, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de este año.
Fabio Espitia, jefe de la Unidad de Fiscales Delegados Ante la Corte, aseguró que tampoco se diseñaron estrategias para la prevención y respuesta a emergencias.
En las inspecciones judiciales también se constató que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial cambió el uso del suelo, de zona forestal a área de expansión urbana, y permitió el asentamiento de comunidades muy cerca de la ronda de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, y varios de sus afluentes; con lo cual fueron desestimadas las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía).
El fiscal Espitia recordó que los ríos mencionados fueron los que se desbordaron y sirvieron de canal para que el alud arrasara con 17 barrios de Mocoa que invadieron las zonas de protección y conservación ecológica.
La audiencia de imputación contra la gobernadora de Putumayo, Soy Sorrel Aroca Rodríguez, se realizará el 30 de noviembre del presente año en el Tribunal Superior de Bogotá cómo supuesta autora del delito de homicidio culposo y las diligencias contra el alcalde y el exalcalde de Mocoa se cumplirán el 6 de diciembre, en la ciudad de Neiva (Huila) por los delitos de homicidio culposo y prevaricato por acción y omisión.
“Para la Fiscalía, los hoy indiciados desatendieron la posición de garantes que, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, les exigía proteger la vida de las personas que habitaban las zonas de riesgo e impedir que se produjera un resultado catastrófico”, dijo el fiscal Espitia.
Asimismo enfatizó que “en su condición de funcionarios habrían omitido tomar las medidas necesarias para evitar las muertes registradas el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, más aún cuando era previsible y había probabilidades altas de un desastre natural de semejante magnitud, porque se conocía el grado de amenaza, vulnerabilidad y peligro inminente en el que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas”.
