30 Oct 2021 06:04 PM

Pliego de cargos contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo

Los cargos son por presuntas irregularidades en la liquidación del contrato firmado para la construcción del coliseo José Eustasio Rivera.
Pepe Moron
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@PepeMoronReales

La Procuraduría General de la Nación determinó formular pliego de cargos contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y otras tres personas, por presuntas irregularidades en la liquidación del contrato firmado para la construcción del coliseo José Eustasio Rivera, en el municipio de Saravena, en hechos ocurridos en su anterior mandato (2012 - 2015). 

Los también cobijados por el pliego de cargos, según informó la Procuraduría, son el exsecretario de Educación del departamento, Temístocles Perea Pedroza; el supervisor del contrato, Óscar Iván Díaz Rodríguez, y la representante de la firma interventora Inar Group Ltda, Ligia Inés Ramírez Rodríguez. 

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"De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, aparentemente se habría suscrito el acta de liquidación bilateral y ordenado el pago del saldo final del contrato, sin que los trabajos se hubiesen ejecutado en su totalidad", señaló la Procuraduría por medio de un comunicado.  

En el mismo texto señalan que "al parecer no se ejerció el debido seguimiento al desarrollo de la obra, la cual fue recibida a satisfacción sin que fuera terminada de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato". 

Para el órgano de control, con la conducta de los funcionarios se habrían vulnerado los principios que rigen la contratación estatal.  

Hay que destacar que por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta del gobernador Castillo Cisneros como una falta gravísima cometida a título de culpa grave.  

Por su parte, en relación a los otros dos vinculados se conoció que el exsecretario de Educación Perea Pedroza y el supervisor de la obra Díaz Rodríguez habrían incurrido en una falta a título de culpa grave.  

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Para finalizar, el documento emitido por  el órgano de control, señala que se calificó la aparente falta de la representante de la firma interventora, Ligia Inés Ramírez Rodríguez, como una falta gravísima cometida a título de dolo.