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El magistrado Ariel Augusto Torres puso en conocimiento de sus compañeros de la Corte Suprema de Justicia un impedimento para seguir participando en el proceso que se adelanta contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos por sus presuntos pactos políticos con grupos paramilitares.
El magistrado, quien fue el encargado de liderar el proceso contra Ramos y presentar la respectiva ponencia, le pidió a la Sala que evalúe si existen o no méritos para que él siga en el proceso. Esto después que fuera radicada una acción de tutela por la filtración de la ponencia que pedía la condena del exmandatario departamental por el delito de concierto para delinquir agravado.
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El Consejo Superior de la Judicatura, en un polémico fallo, resolvió la tutela y ordenó proteger el derecho al debido proceso, situación por la cual ordenó modificar la ponencia que pedía la condena y retirar al magistrado Torres de este proceso.
Esta decisión fue revisada por la Corte Constitucional que anuló todo lo actuado por la Judicatura y dejó al magistrado ponente. Sin embargo, esta situación –como se resalta en el documento- han puesto en duda tanto su buen nombre como el de la Corte Suprema, hecho por el cual pide que se avale su impedimento.
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Para el togado, con esta acción busca “demostrar la absoluta ausencia de duda sobre la transparencia de mis actuaciones y mi indeclinable intención de preservar la garantía de imparcialidad”. El hecho que su nombre se viera envuelto en una discusión judicial en la Judicatura y en la Corte podría afectar la visión que tienen las personas de la administración de justicia y puede ocasionar “suspicacias” tanto en el procesado “y una parte de la sociedad”,
Esto pese a que la Corte confirmó que no existían elementos materiales probatorios que permitieran inferir que él había filtrado la ponencia que pedía una condena de 19 años de prisión contra Ramos por firmar un pacto político con las AUC para que apoyaran su candidatura a la Gobernación de Antioquia en el 2008.
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Ramos fue capturado en agosto de 2013 por orden de la Corte Suprema de Justicia que tuvo en cuenta las declaraciones rendidas por los exjefes paramiltiares Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.
En sus declaraciones vincularon a Ramos y otros políticos de la región de haber firmado el llamado ‘Pacto de Bello’. Esto tras una reunión sostenida en dicho municipio antioqueño con con Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', exjefe político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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En su defensa Ramos aseguró que si participó en dicha reunión en 2005, pero nunca buscó un pacto político sino que lo hizo como vocero del Senado en la discusión por la puesta en marca de la Ley de Justicia y Paz que cobijaría a los paramilitares que participaran en el proceso de reinserción impulsado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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