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La sentencia argumenta que el juez benefició a una abogada que representaba 1242 personas que se hicieron pasar por docentes y que reclamaban su pensión a la Caja de Previsión Social, Cajanal.
“En el fallo, sin tener un mínimo de prueba y con absoluta ausencia de motivación, se accedió a la protección reclamada, tutelando los derechos fundamentales”, dice uno de los apartes de la sentencia.
Y añade que “la inexistencia de argumentos (...) demuestra la voluntad corrupta del acusado de contrariar el ordenamiento jurídico con el propósito de beneficiar de manera ilegal a 1242 personas, sin importarle la afectación al patrimonio del Estado”.
El juez deberá pagar 3 años y 8 meses de prisión domiciliaria y pagar a multa de 28 mil millones de pesos.
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