Ordenan arresto domiciliario y multa al director de la DIAN por desacato a tutela en Bucaramanga
El director de la entidad, Luis Eduardo Llinás, recibe por tercera vez una sanción por desacatar una orden relacionada con nombramientos.

El director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, enfrenta un nueva orden de desacato, luego de que un juez en Bucaramanga le impusiera arresto domiciliario y una multa de tres salarios mínimos por haber incumplido una orden relacionada con procesos de nombramientos en lista de elegibles de concursos de mérito.
Este no es el primer fallo en su contra. En Medellín, el pasado 31 de julio, un juez administrativo lo declaró en desacato junto con cinco de sus funcionarios, imponiéndoles cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos. Esa decisión fue confirmada el 6 de agosto por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el 14 de agosto se libraron las órdenes de arresto y el cobro coactivo de la multa.
Le puede interesar: Estos son los cierres viales y planes de movilidad para el concierto de Christian Nodal en Bogotá
De igual forma, en Bogotá, otro juez sancionó al director de la DIAN y a su equipo directivo con cinco días de arresto, que deben cumplirse en una estación de Policía o en la Escuela de Infantería, por desacato a un fallo judicial.
Sin embargo, lo más reciente ocurrió en Bucaramanga, donde la justicia ordenó arresto domiciliario contra Llinás y una nueva multa, lo que representa la tercera sanción en menos de dos meses contra el alto funcionario y varios de sus colaboradores.
Aunque la sanción de arresto domiciliario ya fue dictada, la ley establece que este tipo de decisiones deben ser revisadas por un juez de mayor jerarquía antes de ejecutarse. En otras palabras, la sanción no se cumple de inmediato y queda en manos de un superior confirmar si el fallo contra el director de la DIAN se mantiene en firme.
Lea más: Trump exige a empresas pagar $100.000 por cada trabajador extranjero con visa H-1B
Frente a las pasadas sanciones, la DIAN compartió un comunicado en el que manifestó que las órdenes de los jueces no son posibles de aplicar tal como están planteadas. La entidad señaló que atender todas las tutelas presentadas implicaría retirar a más de 395 funcionarios provisionales y abrir la puerta a nuevas demandas laborales.
Además, cuestionó que en algunos fallos se ordene nombrar personas en cargos diferentes a los ofertados o incluso a quienes no participaron en el concurso, algo que excede sus competencias.
La DIAN recordó que en los últimos años ha vinculado a 9.600 funcionarios mediante listas de elegibles, y aseguró que seguirá aplicando este mecanismo en el marco de lo permitido por la ley.