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Las madres de los jóvenes de Soacha, Cundinamarca, víctimas de los denominados "falsos positivos", hicieron un llamado a los 14 militares retirados que fueron citados a comparecer a la primera audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que confiesen los crímenes cometidos en medio de este escándalo.
Entre los primeros uniformados citados ante este tribunal especial aparecen un coronel, un capitán, un sargento segundo y 11 soldados profesionales.
Por disposición de los magistrados, los familiares de las víctimas de estos casos fueron ubicados en una sala alterna a la que fue designada para llevar a cabo la audiencia con los militares y a través de video intervenir durante aproximadamente media hora.
Las madres de Soacha coincidieron en señalar que una verdadera reparación para las víctimas consiste en que los militares procesados no oculten información y por el contrario reconozcan su responsabilidad en los graves hechos cometidos.
Idali Garcerá, madre de Diego Alberto Tamayo, indicó: "yo le hago un llamado a los militares para rogarles que digan la verdad y digan quiénes los mandaron a hacer lo que hicieron, que se sepa todo, porque llevamos diez años de lucha en audiencias y no hemos visto que se haya hecho justicia".
A este llamado exigiendo verdad y justicia también se sumó Rubiela Giraldo, mamá de Diego Armando Marín, otro de los jóvenes víctimas de "falsos positivos" de Soacha.
"A mi hijo me lo sacaron de acá el 6 de febrero de 2008 y me lo mataron el 8 de febrero de 2008. Lo que pido es que a estos militares los condenen, porque nosotras hemos andado con este viacrucis diez años y ellos están libres en la calle como si no hubieran hecho nada", dijo.
De acuerdo con los 10 listados suministrados en su momento por el Ministerio de Defensa, estos casos de ejecuciones extrajudiciales involucran a un total de 1.944 miembros de la Fuerza Pública.
La JEP priorizó este capitulo de la violencia en el marco del conflicto como el caso No. 003 sobre el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, conocido como los "falsos positivos", que dejó 2.586 casos registrados en diferentes regiones del país.
Zonas de mayor impacto
De acuerdo con los magistrados de la JEP, este fenómeno criminal ocurrió en 29 de los 32 departamentos del país, siendo Antioquia la zona donde se presentó la mayor cantidad de hechos, seguida de Casanare, Cesar, Meta y Norte de Santander.
Con base en los informes de la Secretaría Ejecutiva y de la Fiscalía, se pudo detectar que cuatro de las ocho divisiones del Ejército Nacional (la Primera, Segunda, Cuarta y Séptima), concentran cerca del 60% de los casos.
En estas unidades están involucrados presuntamente varios uniformados con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en estos hechos.
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