Lo que sigue tras decisión de Corte Constitucional sobre el aborto

Con seis votos contra tres, la Corte Constitucional rechazó la ponencia de la magistrada Cristina Pardo que pretendía imponer un límite de 24 semanas de gestación a la práctica del aborto legal en Colombia.

Con esta decisión, el alto tribunal reitera lo estipulado en la sentencia C-355 de 2006 al respecto: “La Corte reitera su posición de que no deben existir barreras administrativas o de otro tipo para aquellas mujeres que invocan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, dijo Alejandro Linares, presidente de la Corte. 

Lea también: No habrá límites de tiempo para abortos legales en Colombia, dice la Corte

En ese sentido, el alto tribunal determinó que imponer límites a las mujeres para acceder al aborto legal constituía “una violencia de género o discriminacion”. 

La interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, de forma legal, está reconocida si se cumple alguna de estas tres condiciones: 1) cuando el embarazo constituya un riesgo para la mujer, 2) cuando el feto tenga alguna malformación por la que su vida sea inviable, y 3) cuando el embarazo se producto de una violación o incesto.

Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional de este miércoles no se queda ahí. El alto tribunal, además, exhorta al Congreso de la República para que "ejerza su libertad de configuración legislativa en materia de aborto".

"Y en particular, si así lo considera pertinente el Congreso, (que) regule el tema de los plazos (los abortos legales)", indicó el magistrado Linares. Esto quiere decir que el Congreso podría tener la última palabra sobre este asunto.

Lea también: Sentencia de Corte sobre aborto no se está cumpliendo, advierte Women's Link

En 2006, cabe mencionarlo, la Corte Constitucional ya le había hecho una petición al Congreso en ese sentido.

Ahora, con el rechazo a la ponencia de Cristina Pardo, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas debe preparar un nuevo dictamen para que la Sala Plena se manifieste sobre el tema.

La Corte Constitucional se pronunció de esta manera al estudiar el caso de una mujer que, con 26 semanas de gestación, pedía la interrupción voluntaria del embarazo pues estaba en riesgo su vida y el feto, además, tenía malformaciones. 

Sin embargo, tres hospitales le negaron el derecho con la excusa de que el límite de tiempo eran doce semanas, pese a que ella cumplía con dos de las tres condiciones.