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Ante el juzgado 52 de garantías de Bogotá fueron legalizadas las capturas de Cristian Santiago Sandoval, Iván Darío Ramírez y Juan Camilo Pulido, involucrados en el atentado al centro comercial Andino el 17 de junio de 2017. A los recapturados la Fiscalía les imputó el delito de rebelión por sus presuntos vínculos con la guerrilla del ELN.
“Ingresaron a zonas puntuales ubicadas en zonas de frontera con Venezuela, en La Guajira y el sur de Bolívar, pero especialmente en zonas como Arauca. Los hechos se lograron consolidar y la materialización de las actividades las ejecutaban en la ciudad de Bogotá”, expresó el fiscal del caso.
La Fiscalía también aseguró que en una operación en contra de alias Samuel, presunto cabecilla del ELN, se encontraron dispositivos que incriminarían a los detenidos.
Durante la diligencia judicial los tres procesados no aceptaron los cargos. Frente a este mismo proceso fueron recapturadas cuatro mujeres implicadas en atentado del centro comercial. La detención se presentó cuando salían de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
Familiares de las víctimas del atentado del Andino interpusieron una acción de tutela por el incidente que dejó tres personas muertas y ocho heridas.
Jaime Gutiérrez, hermano de Ana María Gutiérrez, una de las víctimas del atentado, sostuvo que la Fiscalía General de la Nación se equivocó al no pedir una prórroga para que los implicados siguieran privados de la libertad.
"No somos parte de la Fiscalía, pero sí pensamos que fue un error", aseguró Gutiérrez.
El familiar de la víctima dijo que no está de acuerdo con la libertad de los señalados del ataque.
"No nos sentimos conformes con el manejo que se la ha dado últimamente al proceso. Lo que sucedió está semana, que fue dejar en libertad a los implicados en el atentado del Centro Comercial Andino, y que se haya desbaratado el proceso por simplemente un vencimiento de términos. Queremos decirle al presidente de la República y al Fiscal General de la Nación que queremos resultados", expresó.
El pasado viernes una juez había ordenado la libertad de los implicados al considerar que se presentó un vencimiento de términos en el proceso penal, es decir, que se superaron los plazos establecidos por la ley para el inicio del juicio.
