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El contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados quien asumió su propia defensa en el proceso en su contra, admitió que conoció a Luis Bueno y Eleuberto Martorelli, directivos de Odebrecht y que sólo lo hizo hasta 2013, en su calidad de gobernador de Boyacá y no como candidato.
De igual manera, hizo énfasis en que no es cierto que haya recibido por parte de los directivos de Odebrecht, la suma de 200 millones de pesos para financiar su campaña a la gobernación de Boyacá.
Por su parte, la Fiscalía planteó que existen evidencias que demostrarían que Granados sostuvo varias reuniones con el exsenador Plinio Olano junto a directivos de Odebrecht en Colombia, entre otros, para “pactar un estratagema para lograr un desembolso de 200 millones de pesos a cambio de financiar su candidatura a la Gobernación y favorecer a la multinacional”.
No obstante, Granados desestimó las pruebas que presentó la Fiscalía que indicarían que el contralor expuso a los directivos de Odebrecht lo respectivo al contrato de la vía Duitama - Charalá - Sangil, cuya obra finalmente no accedió la multinacional brasileña al considerar que era insostenible financieramente.
Según el contralor, Odebrecht en su momento ni siquiera presentó propuesta para acceder de manera formal al proyecto sobre la vía Duitama-Charalá.
Para ese fin presentó como prueba una constancia emitada por la oficina de gestión documental de la Asamblea de Boyacá, en la que se señaló que “revisados los archivos de la Asamblea de Boyacá de los años 2012 - 2015 se constató que no se presentó solicitud alguna encaminada para realizar la concesión, ni para celebrar APP del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil”.
Granados también indicó que la declaración de Federico Gaviria, uno de los implicados en el escándalo de pago de sobornos de la multinacional brasileña y considerado testigo clave en su contra, ha estado fundamentado en contradicciones.
Fiscalía pide prisión
Entretanto, la fiscal delegada ante la Corte a cargo del proceso le imputó cargos al contralor Granados los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público.
La Fiscalía indicó que como plan B, en otra reunión se pactó la posible participación de Odebrecht en el proyecto de la Corporación Autónoma Regional, CAR, de ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre, pero dicho negocio no se concretó debido a que para ese entonces estalló el escándalo de pago de sobornos de la multinacional brasileña.
“Esta reunión fue en el apartamento del entonces gobernador y el objetivo consistió en determinar que debía hacer Odebrecht para preclasificar en este proyecto y que más adelante Plinio Olano y Martorelli establecieron el 3 % del contrato”, agregó la Fiscal.
Una vez, el magistrado del Tribunal de Bogotá valore los argumentos expuestos por la Fiscalía, la defensa del contralor de Bogotá e intervenga la delegada de la procuraduría, determinará si hay o no méritos para enviar a prisión a Granados.
