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La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ordenó imponer una medida cautelar de protección sobre algunos de los cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia.
Con la decisión del tribunal especial se ordena el cierre parcial y temporal de dicho laboratorio, al igual que se pide proteger los cadáveres que provienen específicamente de los cementerios Orobajo, Barbacoas, La Fortuna y del Jardín Cementerio El Universal de Medellín.
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También, en el auto 076 de la JEP, se establece que solo tendrán autorización para ingresar a esta zona de la Universidad de Antioquia funcionarios debidamente acreditados de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) y del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las medidas se adoptaron tras evidenciar irregularidades en las condiciones en las que se encuentran los restos de los que, se presume, serían desaparecidos en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango.
La inspección se enfocó inicialmente sobre los cuerpos que fueron trasladados por la Universidad de Antioquia desde los cementerios de Orobajo, Barbacoas y la Fortuna. La movilización se realizó gracias a un convenio entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el alma máter.
Según expertos de la JEP, el laboratorio de osteología antropológica de la institución de educación superior no tiene registro, clasificación y organización documental de los cuerpos que fueron recibidos.
Además, no existe claridad frente a los restos que se presume provienen del cementerio de Orobajo (Sabanalarga), pero no de los que llegaron desde Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá).
“Varias cajas contenedoras de cuerpos esqueletizados con el rótulo de ‘dispersos’. Cajas que contienen partes de cuerpos que corresponden a varios individuos pero sin que exista registro alguno con nivel de certeza, del número de individuos a los cuales pertenecían”, apartes del pronunciamiento de la JEP, sobre lo ocurrido con los cadáveres de Orobajo.
Entre tanto, se hallaron cuerpos esqueletizados provenientes del cementerio El Universal de Medellín; se espera que el tribunal de justicia transicional, adopte también medidas sobre estos restos.
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También busca determinar si personas que fueron desaparecidas en la comuna 13 de Medellín, fueron inhumadas allí. Tras lo ocurrido, se logró identificar que el 23 por ciento de los cadáveres procedentes de dicho cementerio murieron de manera violenta.
A raíz del desconocimiento que existe sobre los cadáveres y la alta posibilidad que correspondan a víctimas del conflicto que fueron desaparecidos en Antioquia, el auto 076 de la JEP también ordenó que expertos del Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) construyan un inventario de los cuerpos encontrados.
También deberán elaborar un protocolo que permita definir, organizar y clasificar los cadáveres.
La medida cautelar que impuso la JEP se originó tras la petición que nueve voceros de víctimas y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales "se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado".
Entre los lugares que consideran deben ser inspeccionados se encuentran la comuna 13 de Medellín y la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
