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JEP echa para atrás la amnistía concedida a exguerrillera por atentado en Escuela Superior de Guerra

Los magistrados ordenaron iniciar de nuevo  el estudio del caso tras revisar los recursos interpuestos por cuatro víctimas.

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Actualizado:
Viernes, Abril 8, 2022 - 20:36
Marilú Ramírez Baquero, atentado en Bogotá
Marilú Ramírez Baquero, atentado en Bogotá
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Los magistrados de la Sección de Apelación de la JEP echaron para atrás la amnistía que le había sido concedida a la exguerrillera de las Farc Marilú Ramírez Baquero, quien en octubre de 2006 instaló el carro bomba que explotó en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá.

En la decisión, que fue adoptada en segunda instancia, los magistrados ordenaron adoptar medidas que garanticen la participación efectiva de las víctimas en este proceso contra la exintegrante de las Farc-EP.

Los magistrados ordenaron iniciar de nuevo  el estudio del caso tras revisar los recursos interpuestos por cuatro víctimas de los hechos contra la determinación que adoptó la Sala de Amnistía o Indulto en febrero de 2020.

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Según la JEP con esta decisión se busca garantizar la efectiva participación de todas las víctimas que están plenamente individualizadas y que aún no han sido vinculadas al proceso.

"Aunque la Sala de Amnistía ordenó notificarlas luego de realizar esfuerzos razonables para localizarlas, debió ordenar informarles a través de un emplazamiento y, luego de ello, asegurar la representación oficiosa de quienes no comparecieron. Sin embargo, omitió hacerlo, con lo cual se vulneró el derecho de quienes fueron identificados, pero no localizados", señalaron los magistrados.

 La JEP indicó que no se adoptó ninguna medida que facilitara la vinculación de las víctimas a este proceso, ya que no fueron notificadas de la resolución que empezó a estudiar el caso de Ramírez Baquero.

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"Las víctimas no fueron notificadas, bien sea porque no encontraron sus datos de contacto o porque los oficios remitidos a las direcciones entregadas fueron devueltos por la empresa de correos 472", agrega la decisión.

Los magistrados indicaron que se busca garantizar los derechos de por lo menos 30 personas que fueron identificadas por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Fuente:
Sistema Integrado de Información