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El Consejo de Estado recibió una demanda contra la resolución del Gobierno que permite la instalación de espacios de conversación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, en búsqueda un acuerdo de paz.
El demandante es el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien afirma que la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas con respecto al impacto de este grupo armado en varias zonas de país, lo que ha generado riesgo a los derechos humanos de las comunidades.
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"En este caso es de público conocimiento -gracias a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y también a los medios de comunicación-, el accionar de las AGC, que tal como se expuso en el acápite de antecedentes y contextualización, ha sido desde años atrás un factor generador de riesgos y violaciones efectivas a los derechos humanos", dice el documento.
El exfuncionario del gobierno Duque resalta que esos hechos reportados por la Defensoría, contrastan con la voluntad de paz que es exigida para iniciar un proceso de diálogos, pues esa voluntad debe tener en cuenta los derechos de las víctimas.
"Informes presentados por la Defensoría del Pueblo a lo largo de los años 2023 y 2024, chocan con la exigencia de voluntad de materialización de la paz, ya que ésta incluye en gran parte considerar los derechos de las víctimas, que por demás, en la mayoría de casos hacen parte de grupos sociales que soportan estigmatización y otras condiciones de vulnerabilidad", añade la demanda.
Además, recalcó que las actividades delincuenciales de las AGC generan una afectación de las poblaciones cercanas a las zonas de injerencia de este grupo, lo que tendría un reforzamiento en la dinámica del narcotráfico, la minería ilegal y otras conductas del grupo paramilitar.
"El despliegue de las actividades criminales de las AGC afectan derechos fundamentales de la población civil, promueven y refuerzan la dinámica del narcotráfico a nivel nacional, intervienen en la economía relacionada con la minería ilegal y por ello no es dado afirmar que pretenden garantizar el interés general", concluye el exministro.
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El Consejo de Estado deberá estudiar los argumentos del exministro Ruiz para darle trámite a la demanda y tomar una decisión definitiva con respecto a la legalidad de la resolución emitida por el Gobierno Nacional.
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