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Las autoridades de Tumaco le pidieron al gobierno del presidente Juan Manuel Santos medidas urgentes para enfrentar la ola de violencia que los afecta y que su caso sea tratado de forma especial en los diálogos de paz que desarrollan en Cuba el Ejecutivo y las Farc.
Así se lo expresaron al jefe de Estado la alcaldesa electa de la ciudad, María Angulo; la diócesis, la Cámara de Comercio, la personería de Tumaco y la Gobernación de Nariño (departamento al que pertenece) en una carta enviada al jefe de Estado.
La misiva reseña que tan solo en diciembre han sido asesinadas 17 personas en Tumaco, entre ellos dos menores de edad, "quienes eran jóvenes estudiantes y uno tenía discapacidad cognitiva. También fueron asesinadas dos mujeres".
Según informaciones de la Policía, estos hechos parecen provenir de bandas criminales, lo que se constituye en una alerta sobre el inicio de lo que, según analistas, podría suceder tras la desmovilización de las Farc, con la llegada de otros grupos armados a la región y el aumento de la violencia".
Asimismo, la carta reseña datos de la Unidad de Víctimas en la que mencionan que en Tumaco se han registrado 9.065 víctimas de asesinatos desde 1985, más de 109.167 víctimas de desplazamiento forzado, 1.157 desapariciones, 219 víctimas de minas antipersonal y asesinatos de líderes sociales.
Igualmente indican que a finales de junio y la primera semana de julio de 2015 aparecieron letreros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, en diferentes zonas del municipio, agrega la información.
Por lo anterior, le solicitan al presidente Santos "realizar urgentemente" en Tumaco un Consejo de Ministros, en enero próximo "para diseñar un plan de contingencia" para afrontar esta situación y evitar que después de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, las bandas criminales se multipliquen en esta región. Además piden "soluciones estructurales y no sólo el incremento militar".
Al mismo tiempo solicitan a los grupos armados respetar la vida de todos los habitantes del Pacífico pues "esta región no puede tomarse como un territorio de confrontaciones, violencia y sufrimientos".
A las entidades competentes le exigen "que investiguen con celeridad los hechos para controlar efectivamente a los responsables".
