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La Procuraduría inició la práctica de pruebas para encontrar responsables por los hechos que rodearon el incendio en la cárcel de Tuluá, que dejó un saldo de 51 internos muertos y más de 30 heridos.
Revisión de cámaras de seguridad, documentación administrativa, planes de contingencia y prevención ante incendios, y capacitación de la guardia para emergencias de ese tipo, son algunas de las pruebas a tener en cuenta.
“Determinar quienes estaban de turno, quienes, de descanso, qué acciones desarrollaron y si contaban con los planes de contingencia y prevención para ese tipo de situaciones”, dijo el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
El procurador explicó que las investigaciones del Ministerio Público tienen el objetivo de “determinar si por acción, omisión, y extralimitación de funciones, algún funcionario público, en este caso el Inpec, pudo haber incurrido en alguna falta disciplinaria”.
El procurador delegado señaló que están “recolectando la documentación administrativa, haciendo énfasis en si el cuerpo de custodia y vigilancia ha recibió capacitación, y organización técnica de brigadas que permitan tener personal disponible para este tipo de casos”.
También hizo un llamado a las autoridades penitenciarias y a los entes territoriales de todo el país, para implementar “planes de contingencia y emergencia, que si ya los tienen los actualicen o modifiquen para que esta situación no se vuelva a repetir”.
La Fiscalía disputo un cuerpo de 25 investigadores conformado por fiscales especializados, investigadores y técnicos en criminalística de CTI, y peritos forenses de Medicina Legal, para adelantar las investigaciones en materia penal.
Los hechos sucedieron en la madrugada de este 28 de junio, cuando los internos iniciaron un motín y prendieron fuego a los colchones. El director del Inpec, Tito Castellanos, aseguró que no dimensionaron lo que podría suceder.
