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La Fiscalía le pedirá a la Corte Suprema de Justicia que inicie las investigaciones penales a que haya lugar en contra de varios congresistas, por estar presuntamente implicados en graves hechos de corrupción electoral en los comicios legislativos del pasado 11 de marzo.
Según los investigadores, entre los parlamentarios en la mira de las autoridades por este caso aparecen cuatro congresistas, varios de ellos electos en los pasados comicios.
Asimismo, la Fiscalía adoptó decisiones judiciales de fondo como citaciones a interrogatorio y solicitudes de audiencias para imputación de cargos, contra otra serie de dirigentes políticos y funcionarios que también estarían implicados con estos hechos de corrupción electoral.
Se conoció que estas determinaciones hacen parte de las acciones que anunciará el fiscal Néstor Humberto Martínez, sobre nuevos resultados en las primeras investigaciones adelantadas por corrupción electoral en los pasados comicios para el Congreso de la República.
De acuerdo con la Fiscalía, los nuevos implicados sobre los que se alistan acciones judiciales estarían presuntamente involucrados en altos niveles de corrupción detectados en relación con la campaña política en Barranquilla (Atlántico) de la excongresista Aida Merlano.
Incluso con otros graves episodios criminales de delitos electorales como posible compra de votos en otras regiones del país. Recientemente, el fiscal Martínez aseguró que se trata de un entramado “nauseabundo”, el cual sacudirá a todo el país ya que dará a conocer como delinque toda una “empresa criminal" que actuó durante las elecciones al Congreso en el departamento del Atlántico.
"El país va a quedar escandalizado cuando se conozca, y no lo haré sino después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para que no digan que estoy interviniendo en política. La dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda", dijo Martínez.
En su momento, la Fiscalía descubrió que presuntamente la congresista Merlano se valió de una sofisticada red de corrupción de compra de votos, que incluso utilizaba calcomanías con códigos de barras bidimensional para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de estos graves hechos.
De acuerdo con las investigaciones, durante esa campaña política se habrían repartido más de 6.000 millones de pesos en compra de votos.
