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"Este es una instrumento de planeación urbana que se ha diseñado al amparo de la nueva constitución en donde los concejales y los alcaldes tienen un gran compromiso en una visión de futuro de sus municipios que lamentablemente en muchas regiones del país ha terminado siendo cooptado como un instrumento para generar rentas en beneficio de particulares", indicó el Fiscal.
Según el fiscal, las miradas de las autoridades de policía judicial y fiscal especializada están sobre 26 municipios el país, como lo es Piedecuesta, Santander.
"Rentas que se compensan con pagos que se hacen desde el sector privado, hay que hablarlo sin ambages, este es un típico caso de corrupción pública que se promueve desde el sector privado y desde las empresas de la construcción en Colombia", señaló Martínez.
El fiscal general dijo que estas prácticas irregulares suelen consolidarse en los últimos meses de las administraciones municipales.
Agregó que "empieza a avanzarse rápidamente en unas modificaciones a los POT sin sustentos y en connivencia muchas veces con las Corporaciones Autónomas Regionales y se generan unos beneficios que son transferencia de rentas, plusvalías para los titulares de muchos predios que no encuentran una explicación científica y que nosotros ya hemos podido identificar como una fuente de corrupción perversa que está afectado los procesos de desarrollo municipales".
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