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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló que ese organismo está dispuesto a escuchar bajo una eventual declaración o interrogatorio al ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, a propósito del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo.
La funcionaria dejó en claro que una eventual imputación en contra del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y de otros funcionarios salpicados en ese caso, dependerá del curso de las investigaciones que lideran las fiscales a cargo del caso.
“Al ministro y a todos los involucrados, transmitirles la tranquilidad de que ellos tienen las garantías que la ley les otorga para defenderse, para solicitar que se practique un interrogatorio. Esos espacios los van a tener naturalmente, esos espacios los define el equipo de investigación, el equipo de fiscales”, indicó Camargo.
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Asimismo, la fiscal general sostuvo que el grupo especial de fiscales que coordina estas investigaciones avanza en la práctica de toda una serie de pruebas, como parte de las labores judiciales que conlleva un proceso de ese tipo.
“En primer lugar, el equipo de investigación ya ha estado practicando pruebas”, indicó la funcionaria quien agregó que pese a la imputación formulada contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, ese organismo seguirá seguirá con las sesiones de trabajo para definir si procede concretar una eventual negociación.
Cabe señalar que durante la audiencia de imputación celebrada este jueves, la fiscal 79 delegada contra la corrupción, Andrea Muñoz, les formuló cargos por cinco delitos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y al contratista de pasto Luis Eduardo López, al argumentar que hay pruebas contundentes que hicieron parte de una empresa criminal que saqueo los millonarios recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
La fiscal delegada reveló el concierto para delinquir que se ejecutó para la entrega de los 4.000 millones de pesos a los expresidentes de Senado y Cámara Iván Name y Andres Calle, bajo la orden del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y director Nacional de Inteligencia Carlos Ramon González, quien renunció tras ser mencionado en ese escándalo.
La fiscal Muñoz también destacó el papel relevante que tendría en todo este entramado de corrupción el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en un supuesto direccionamiento de tres res contratos (por 92.000 millones de pesos) que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.
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Igualmente, en esta audiencia aparecieron otros nombres de funcionarios como el de César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, salpicado con la celebración de contratos y que según la fiscal, fueron financiados con 100.000 millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras, cuya entidad juega un papel clave para la reforma agraria.
