Exministra del Deporte María Isabel Urrutia enfrentará imputación por contratos irregulares

La Fiscalía General de la Nación le imputó a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual de un proceso de contratación.

La exfuncionaria fue presentada ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías.

Según la investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Urrutia Ocoró violó las normas de contratación establecidas en el Decreto 1622 de 2022, que ordenó al Ministerio del Deporte liderar el proceso de contratación para la implementación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”.

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Este sistema debía asociar las boletas de los hinchas del fútbol con sus documentos de identidad y permitir la verificación de antecedentes, con el fin de hacer efectivas las restricciones de derecho de admisión en los estadios.

Según indicó la Fiscalía, el proceso de selección del contratista debió ser abierto y garantizar la concurrencia de oferentes, pero la exministra optó por seleccionar al contratista de manera directa.

Además, Urrutia buscó en dos ocasiones a intermediarios para adjudicar el contrato, pero los condicionó a subcontratar a una empresa particular, con la que se habría acordado desde el inicio que se quedaría con el proyecto.

Los elementos de prueba revelan que la exministra desoyó las advertencias realizadas por su equipo técnico y jurídico sobre las irregularidades durante el proceso de contratación. A pesar de estas alertas, firmó un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022.

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Del mismo modo, se estableció que se incluyeron avales de funcionarios que no participaron en la estructuración de las condiciones ni en la selección del beneficiario.

También se comprobó que no se justificó la razón por la cual se contrató de manera directa, eludiendo la obligación de convocar una licitación pública.

Cabe resaltar que el Decreto 1622 de 2022 habilitó a Urrutia para contratar el 'Diseño e implementación del sistema de validación nacional', pero, en cambio, se contrató un objeto completamente diferente: “el análisis de la implementación del sistema”.