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El juez noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, impuso una medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad a favor de Medardo Alberto Romero Riveros, exrepresentante legal de TicketYa, investigado por su supuesta injerencia en la planeación y ejecución de maniobras ilegales con las que revendieron 13. 853 boletas del partido Colombia – Brasil.
“Este juzgado resuelve imponer medida de aseguramiento, no privativa de la libertad, por medio de la cual se establece que el ciudadano Medardo Alberto Romero Riveros, deberá presentarse trimestralmente ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio del Complejo Judicial de Paloquemao, así como la obligación de presentarse personalmente ante el llamado de la administración de justicia”, señaló el juez.
También dijo que una vez se defina el juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento que tomará el caso, deberá presentarse a las audiencias.
El funcionario judicial explicó durante su extensa argumentación, que existe inferencia razonable para imputarle los delitos de agiotaje simple y corrupción agravada.
Además, suprimió el delito de concierto para delinquir porque indicó que la Fiscalía no demostró que, existiera la probabilidad de que, Romero Riveros hubiese incurrido en este hecho punible.
Cuestionó que la Fiscalía hubiese solicitado una orden de captura en contra del imputado, pues los tiempos en los que viajó a Estados Unidos, estaban acordes con los que establece la ley.
Dijo que los trámites de dicho procedimiento, entorpecieron aún más, el proceso que se adelantaba contra el exdirectivo de TicketYa.
Así empezó el supuesto fraude
En julio de 2015, la Federación Colombiana de Fútbol abrió un proceso licitatorio para la venta de boletería para los partidos de la Selección Colombia con miras al Mundial de Rusia 2018 que se iban a disputar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Fueron muchos los que se postularon para recibir la adjudicación del millonario contrato, entre ellas TicketYa, un consorcio conformado por tres empresas. Pese a que no cumplía con los requerimientos exigidos (experiencia, financiación y soporte logístico) fue el feliz beneficiario.
Según la exposición del fiscal sexto especializado anticorrupción, antes del proceso licitatorio se pactó una “comisión de éxito” por tres mil millones de pesos para resultar ser beneficiados con el millonario contrato.
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La empresa TicketYa, que era presidida por los empresarios Elías José Yamhure Daccarett y Medardo Alberto Romero Riveros quienes se aliaron con TicketShop, César Ronaldo Carreño Castañeda e Iván Darío Arce Gutiérrez para participar en el proceso de licitación.
Pese a las críticas por las demoras en la entrega de boletería, las fallas en la plataforma para adquirir las mismas para los partidos de la Selección y la falta de soporte para atender las quejas el consorcio siguió operando.
En septiembre 2017, en uno de los partidos clave de la Selección para clasificar al Mundial se presentó un hecho irregular que generó todo tipo de alertas y obligó a las autoridades a intervenir.
Para el partido Colombia – Brasil, que se iba a disputar el 5 de septiembre de 2017 en el Metropolitano, se pusieron en venta 13 mil boletas pero muy pocas llegaron a manos de los hinchas, quienes deseosos de ver el juego, buscaron por todos los medios acceder a una boleta.
Seis mil boletas fueron puestas a la venta en la página web a las 12 de la noche. Sin embargo, a esa hora los hinchas encontraban que la página estaba bloqueada. Quince minutos más tarde aparecía un mensaje en la plataforma que alertaba que todas las boletas estaban agotadas.
Esto generó una ola de protestas de los fanáticos. Para la Fiscalía General el hecho de que estas boletas se “agotaran” en tiempo récord abrió la puerta para la reventa de las mismas a precios astronómicos.
Los investigadores indicaron que esto era parte del plan que se tenían los contratistas para obtener muchas más ganancias. Fue así como las boletas fueron revendidas entre un 200 y 250 por ciento más caras del precio original.
Tras hacer una rápida revisión se logró establecer que el valor nominal del contrato era de $2.835.590 millones, sin embargo, con la reventa los contratistas lograron una utilidad de $3.105.280 millones.
El fiscal del caso reveló que para las localidades Norte y Sur se pusieron a la venta 4.178 boletas con un valor original de $250.680, sin embargo, con el tema de la reventa estas mismas unidades alcanzaron el valor de $1.128.060.
En cuanto a Occidental se pusieron a la venta 4.334 boletas, en el contrato se fijaba el valor de $1.516.900, sin embargo, se revendieron a $2.789.800. Lo mismo ocurrió con las 5.342 boletas de Oriental, que pasaron de $1.068.400 a $2.023.400.
La Fiscalía General busca establecer si se presentaron irregularidades en la entrega de las 4.357 boletas que recibieron los “denominados socios” de la empresa contratista, entre ellos se encontraban Alberto Romero, Elías Yamhure, Rodrigo Rendón, Roberto Soler, Alfredo Yamhure y Ramón Jesurún.
