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El abogado constitucionalista Óscar Ortiz González, ex zar anticorrupción y uno de los promotores de la Séptima Papeleta, lanzó duras críticas al decreto recientemente firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre, que modifica el reparto de las acciones de tutela contra altos funcionarios del Ejecutivo. En diálogo con La FM de RCN, Ortiz advirtió sobre el riesgo que implica centralizar el trámite de estas acciones judiciales y señaló que el decreto podría vulnerar principios clave de la justicia.
“El presidente del Consejo de Estado, el doctor Álvarez, ha sido muy preciso en su análisis”, afirmó Ortiz, quien respaldó la interpretación que diferencia entre competencia y reparto. Explicó que el reparto es un asunto administrativo, mientras que la competencia está regulada por normas constitucionales y legales. “Se están cumpliendo 25 años del decreto del gobierno de Andrés Pastrana que abordó por primera vez este tema. En ese entonces, se dejó claro que el reparto podía regularse por decreto, pero la competencia no”, señaló.
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El decreto actual argumenta que centralizar las tutelas vulnera principios como la autonomía, imparcialidad e independencia de la justicia. En ese sentido, modifica el artículo 50 de la Ley 270 de 1996, recientemente reformado por la Ley 2430 de 2024, que prohíbe asignar competencia territorial a jueces para conocer casos que involucren al Presidente o a sus ministros, precisamente para proteger la neutralidad judicial.
Sin embargo, Ortiz advirtió que, aunque en teoría el decreto es legal, “al mal mago se le ve el truco”. Señaló que no se incluyó una disposición clave del decreto de hace 25 años, que aclaraba que las reglas solo se aplicarían a tutelas presentadas posteriormente a su expedición. “Este no lo hizo, y eso es muy preocupante. Aunque no lo diga expresamente, no puede usarse para arrebatarle al Consejo de Estado las tutelas que ya están bajo su conocimiento. Eso afectaría el principio de protección urgente y eficaz de los derechos fundamentales”, aseguró.
Ortiz también fue enfático al afirmar que el decreto se suma a un patrón de comportamientos arbitrarios por parte del presidente Petro. “A la Corte Constitucional la califica de obstruccionista; a la Corte Suprema la asedia físicamente con turbas en momentos claves como la elección de fiscal; y ahora, al Consejo de Estado, le quita casos para pasarlos a jueces sin mayores garantías de seguridad”, denunció.
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De forma contundente, Ortiz advirtió sobre los riesgos que implica esta redistribución judicial para jueces en regiones de alta conflictividad. “Derogar el numeral 12 del anterior decreto es, en mi opinión, un narco-mico de conveniencia. Eso deja a jueces del Putumayo, Chocó, Catatumbo o Cauca expuestos a decidir sobre erradicación de cultivos ilícitos, poniéndolos en peligro en zonas violentas”, criticó.
También hizo referencia al juez de garantías Alejandro Hoffman, quien ha sido blanco de críticas y presiones tras decidir una medida de aseguramiento en un caso clave relacionado con el atentado contra el senador Miguel Uribe. “Lo han señalado incluso como alguien que debería ser destituido o encarcelado. Eso es gravísimo. Churchill decía que detrás del más humilde de los jueces estaba la poderosa armada británica. Qué diferencia con Petro. ¿Qué cambio con Petro?”, reflexionó.
Para Ortiz González, más allá de lo jurídico, lo que está en juego es la confianza ciudadana en el sistema judicial. “Esto no es solo una discusión técnica sobre reparto o competencia. Es un cambio profundo que toca la esencia misma del equilibrio de poderes en Colombia”, concluyó.
