Dragoneantes del Inpec serán investigados por privilegios a Iván Moreno

Óscar Campos Sanabria y Wilson Giovanny Sáchica habrían cometido irregularidades en la custodia del exsenador.
IVÁN MORENO ROJAS
El exsenador Iván Moreno Rojas solicitó un permiso de 72 horas para salir de la cárcel. Crédito: Colprensa

Óscar Campos Sanabria y Wilson Giovanny Sáchica Medina, dos dragoneantes del Inpec, deberán responder disciplinariamente ante la Procuraduría por presuntas irregularidades en la vigilancia y custodia al exsenador Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, ambos condenados por el denominado carrusel de los contratos.

Según las investigaciones preliminares de la Procuraduría, al parecer los dragoneantes habrían permitido beneficios, privilegios y permisos injustificados al exsenador, quien actualmente permanece recluido en una cárcel del municipio de San Gil en el departamento de Santander.

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Las investigaciones están sujetas a un permiso que, al parecer, le concedieron al exsenador el pasado 26 de junio a una supuesta cita odontológica de urgencias. Lo que no se explica la Procuraduría es por qué esa cita se realizó en Bucaramanga a dos horas de San Gil, donde se encuentra recluido.

Según las pruebas que tiene la Procuradurí,a en esa cita, al parecer, Moreno se habría encontrado con el actual gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar. Sin embargo, dicha información aún es materia de investigación y comprobación por parte del Ministerio Público.

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En medio de la investigación contra los dragoneantes, la Procuraduría decreto la práctica de pruebas para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta cita odontológica de urgencia.

La Procuraduría también intenta determinar la responsabilidad de los dragoneantes del Inpec en ese permiso y si habrían cometido faltas disciplinarias, y “establecer los responsables de las otras anomalías que al parecer se vienen presentando en el establecimiento carcelario”.

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Moreno fue condenado a 14 años de prisión por recibir millonarios sobornos de concejales, empresarios y contratistas para avalar la entrega de contratos viales en Bogotá, entre los que se encontraban la reparación de la malla vial, la tercera fase de TransMilenio por la calle 26 y las obras de valorización.





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