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Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de Risaralda, con el apoyo del Gaula Militar, capturaron a 5 personas, que al parecer integraban una organización dedicada a la ejecución masiva de estafas, cuyo monto puede ser superior a los $2.500.000.000 que perdieron alrededor de 21 víctimas a través de títulos valores falsos, documentación y simulación de investidura, para aparentar legalidad y credibilidad ante los incautos.
Los presuntos integrantes de esta organización, que al parecer delinquían desde hacía 10 años en el Eje Cafetero, Cundinamarca y Valle del Cauca, con epicentro en Pereira (Risaralda), serán imputados por cargos de concierto para delinquir con fines de estafa, agravada por automotores y mayor cuantía, emisión y transferencia ilegal de cheques, falsedad en documento privado agravado y simulación de investidura o cargo.
Entre los integrantes figura un abogado que fungía como líder social y promotor de derechos humanos, integrante de la ONG Redepaz (Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz), del Colectivo de Derechos Humanos en el Eje Cafetero y la Federación Nacional de Organizaciones y Víctimas, y quien además gozaba de un esquema de seguridad asignado por la Agencia Nacional de Protección.
Según la investigación desarrollada por la Fiscalía de la Estructura de Apoyo desde hace cerca de dos años, algunos de los capturados se hacían pasar por servidores de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la DIAN y promotores de Derechos Humanos. Decían contar con influencias políticas para afianzar las relaciones con las víctimas y ofrecerles la consecución de documentación para emigrar del país, destacándose visas, asilos políticos y trámites para los testigos protegidos del Estado.
Además, gestionaban la adquisición de bienes en remate producto de extinciones de dominio y vehículos embargados; realizaban transacciones de inmuebles con terceros sin ser los propietarios legítimos, suscribían contratos, letras, pagarés y emitían cheques sin fondos.
Entre algunas de las modalidades utilizadas para estafar a las víctimas, estaban las de prometer visas para viajar y trabajar en otros países, manifestando que trabajaban con la Unidad Nacional de Protección y que existían cupos otorgados para algunas víctimas y testigos que los rechazaban.
Ofrecían la venta de vehículos, en su mayoría camionetas de alta gama supuestamente en remate, a bajos precios, aduciendo pertenecer a la FGN o la DIAN, solicitando anticipos para su traslado desde Bogotá. También vendían automotores, que posteriormente eran incautados por las autoridades por tener pendientes por hurto o abuso de confianza y negociaban casas y fincas y respaldaban los negocios con cheques sin fondos; en algunos casos, alcanzaban a firmar escrituras y posteriormente procedían a venderlos.
