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La Sala plena de la Corte Constitucional iniciará un nuevo debate sobre el derecho a morir dignamente. Se trata de una demanda contra el Código Penal que busca legalizar el suicidio médicamente asistido como un derecho fundamental de las personas que padecen alguna enfermedad terminal y no quieren padecer con sufrimientos derivados de ella.
La demanda es promovida por los abogados Lucas Correa y Camila Jaramillo del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB). Los mismos que llevaron el caso de Yolanda Chaparro, la mujer de 70 años que buscaba la eutanasia para morir dignamente.
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La norma demandada señala textualmente que “el que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses de prisión”.
El abogado Correa sostiene que la norma, “desconoce el derecho a morir dignamente o a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad al impedir el acceso a una ayuda médica para que las personas que así lo desean, puedan poner fin a sus propias vidas de manera segura, acompañada y protegida”.
La demanda se presentó después de que la Sala Plena extendiera el derecho a morir dignamente al tumbar la norma que imponía cárcel sobre el homicidio por piedad (artículo 106 de la ley 599 de 2000).
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La demanda señalaba que el efecto que causa es un impedimento o una traba a aquellas personas enfermas que deseen acudir a la eutanasia para tener una muerte digna.
La Corte también tiene en estudio una tutela que presentó Yolanda Chaparro, la mujer de 72 años que luchó jurídicamente durante trece meses para acceder a la muerte digna, a pesar de que la enfermedad que padecía aún no estaba en etapa terminal.
En medio del estudio de esa tutela, el pronunciamiento de la Corte estaría en la línea de la protección al derecho fundamental a morir dignamente.
