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El 19 de diciembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de declarar el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, abogado, político, escritor y periodista, como delito de lesa humanidad, luego de realizar un análisis detallado y completo de la forma cómo ocurrieron los hechos y de contextualizar lo que venía ocurriendo en el país en ese momento.
En su ponencia, el fiscal del caso destacó cómo Álvaro Gómez Hurtado fue un personaje que realizó una ferviente campaña en pro de la moralización del país, de la restauración institucional, y de la eficiencia y eficacia del Congreso. Además, resaltó la participación del líder en la eliminación de todas las formas de violencia y delincuencia.
En ese contexto, el día 2 de noviembre de 1995 se dio el atentado contra Álvaro Gómez Hurtado, como resultado de la política de amedrentamiento por parte de los narcotraficantes que se veían directamente afectados con la crisis de gobernabilidad por la que atravesaba el país y el reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico.
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En ese entonces, un fiscal de Derechos Humanos concluyó que el atentado en el que perdió la vida Álvaro Gómez Hurtado fue uno de los asesinatos que cometieron los narcotraficantes del cartel de narcotráfico del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la ley que operaba en el año 1995 y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición, instaurada por el cartel de los denominados “extraditables” en la década de los 80.
El despacho demostró a través del material probatorio recaudado, la manera en que en la década de los 90, también “se cometieron toda clase de vejámenes y violaciones a los Derechos Humanos como amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas y políticos, por el hecho de hacer denuncias relacionadas con la injerencia de los dineros del narcotráfico en la vida política, social y económica del país, hechos que sin duda cobran carácter de delitos internacionales o de lesa humanidad y, que en aras de la prevalencia de la justicia y de la mano de los tratados internacionales y la Constitución Política, se tiene clara la necesidad de establecer la verdad a pesar del tiempo que haya transcurrido”.
Con la declaratoria del homicidio de Álvaro Gómez como delito de lesa humanidad, este hecho no prescribirá y podrá seguir siendo investigado pese al tiempo transcurrido.
